Busca legislador prevenir violación a derechos de migrantes

 

Jaime Guerrero

Oaxaca, Oax., 14 de enero de 2016.- El secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Sexagésima Tercera Legislatura Federal, Felipe Reyes Álvarez, urgió reformar diversas disposiciones de la Ley en la materia, a fin de prevenir la violación de los derechos humanos de las personas migrantes por parte de los cuerpos policiacos a nivel federal, estatal o municipal, y por personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo a legislador federal oaxaqueño, anualmente ingresan al país 150 mil personas de forma ilegal a través de la frontera sur; a su vez, el Colegio de la Frontera Norte (Colef) estima que cruzan la frontera hacia Estados Unidos alrededor de 350 mil personas mexicanos.

Refirió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que el 67.4 por ciento de los ilícitos cometidos contra migrantes sucedió en Veracruz, Tabasco y Chiapas, mientras que el 29.2 por ciento ocurrió en la zona norte y el 2.2 por ciento en el centro del país.

Indicó que Instituto Nacional de Migración (INM), ha documentado diversas denuncias por actos de corrupción y delitos, entre los que destacan: secuestros, extorsiones, trata de personas, violaciones, homicidios y robo de órganos, entre otros.

En tanto, refirió que el director Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Antonio Musi Leyva, reconoció que personal de esta dependencia se ha involucrado con redes del tráfico de personas y colaborado con el crimen organizado, e informó que se despidió a cerca de 500 servidores públicos qué no pasaron los controles de confianza.

En muchos casos –subrayó- son las mismas autoridades de todos los niveles quienes violan los derechos humanos, lo que provoca una verdadera crisis del fenómeno de la migración.

Reyes Álvarez recordó que las y los migrantes son víctimas no solo del crimen organizado, sino también de funcionarios del INM, de policías de cualquier orden de gobierno e, inclusive, de miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que se debe legislar para sancionar a los servidores públicos que atenten contra los derechos humanos fundamentales de ese sector.

Puntualizó que las reformas a la Ley de Migración buscan prohibir expresamente que ningún elemento de las Fuerzas Armadas, de las corporaciones policiacas o de seguridad pública federales, estatales o municipales podrá detener a las personas para comprobar su situación migratoria o por tener una estancia irregular en el país.

De igual manera, plantea que la protección y defensa de los derechos e intereses de los migrantes, nacionales y extranjeros, estará a cargo de la Procuraduría Federal de la Defensa de los Migrantes, que se crearía como un órgano público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, funcional y de gestión.

 

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