ONGs demandan a EPN ‘libertad inmediata e incondicional’ para Nestora Salgado

*El abogado Sandino Rivero precisó a los micrófonos que el próximo lunes 7 de marzo, los juzgados penales que tienen a su cargo el proceso por el delito de secuestro en contra de Salgado, van a definir su futuro jurídico.

MVS

Oaxaca, Oax., 2 de marzo de 2016.- En carta pública al Presidente Enrique Peña Nieto, una centena de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, defensoras y defensores de derechos humanos, exigen la liberación inmediata e incondicional de Nestora Salgado García, comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, México, quien se encuentra detenida desde el 21 de agosto de 2013.

Hemos sido informadas/os que el pasado 23 de febrero de 2016 los Jueces Primero y Segundo del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, quienes tienen a su cargo las causas penales 5/2014, 196/2013 y 48/2014, instauradas contra Salgado García por los delitos de secuestro, decretaron la “regularización” del procedimiento en las tres causas penales.

México, 2 de marzo de 2016.- En este sentido, el abogado Sandino Rivero precisó a los micrófonos de Noticias Mvs que el próximo lunes 7 de marzo (24 horas antes del Día Internacional de la Mujer), los juzgados penales que tienen a su cargo el proceso por el delito de secuestro en contra de Salgado, van a definir su futuro jurídico, si le dictan libertad o formal prisión.

La decisión judicial implica dejar sin efecto todo lo actuado en las tres causas penales y dicha decisión se “sustenta en el hecho probado de que Salgado es también ciudadana norteamericana y que en su momento la autoridad judicial no le dio a conocer su derecho a la asistencia consular”, agregan las agrupaciones.

En el posicionamiento, que fue enviado a representantes de gobiernos e instrumentos internacionales, se hace “un llamado a los jueces que resolverán el término constitucional que determinará la situación legal de Salgado para que tome en cuenta la serie de violaciones a derechos cometidas en su contra, toda vez que no sólo ha sido incomunicada, sujeta a tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino también son de tomar en consideración las graves violaciones al debido proceso y la debida defensa legal, causando daños de imposible reparación”.

Un elemento a tomar en consideración por los juzgadores es la Opinión núm. 56/2015 del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde se reconoció la labor de Nestora Salgado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y manifestó  la preocupación por el patrón de criminalización contra las y los defensores en México; así mismo afirma  su detención como “ilegal y arbitraria” desde su arresto hasta la actualidad.

El Grupo de Trabajo subrayó sobre el caso Salgado, “la falta de notificación consular, a que la defensora vive un proceso injusto,  que se le está juzgando dos veces y exigió tanto su libertad inmediata como una reparación por las varias violaciones a los derechos humanos contra la defensora”.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue dando seguimiento a las medidas cautelares emitidas el 28 de enero de 2015, a favor de Salgado, considerando que se encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal.

Los defensores piden la liberación inmediata e incondicional de Nestora Salgado; medidas de protección para salvaguardar su vida y la de su familia y cumplimiento integral de Opinión núm. 56/2015  y de las medidas cautelares de la CIDH otorgadas a Salgado.

Además demandan la liberación de todos los presos políticos de la CRAC-PC detenidos desde 2013: Arturo Campos Herrera, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Justo, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec; lo que evidencia la criminalización contra las policías comunitarias.

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