Corte desecha amparo de la CNTE

*El juicio de amparo de la CNTE es en contra de la Ley del Servicio Profesional Docente

MVS

CIUDAD DE MÉXICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el juicio de amparo que interpusieron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la Ley del Servicio Profesional Docente.

Con 3 votos a favor y 2 en contra, los integrantes de la Primera Sala aprobaron el proyecto del ministro Arturo Zaldívar en el que resolvió no amparar ni proteger a los quejosos.

Al exponer sus argumentos, los ministros José Ramón Cossío y Norma Lucía Piña Hernández, afirmaron que en este asunto hay aspectos de carácter laboral.

“Estoy en contra de ese asunto, como he votado en el pleno, me parece que en este tipo de casos lo que están involucrando en el fondo son asuntos o temas de carácter laboral y creo que es competencia de la segunda sala conocer de los mismos, por esta razón votaré en contra”.

Entre sus argumentos, los docentes señalaron que son inconstitucionales e injustificadas las disposiciones de la legislación que contempla un cambio de adscripción en caso de no obtener resultados satisfactorios en la tercera evaluación, lo que ocasiona un cambio de funciones y de salario.

No obstante, los ministros resolvieron que la evaluación obligatoria “no tiene la naturaleza de una sanción administrativa”, ya que sólo es una condición necesaria para para permanecer en el cargo y “satisfacer los objetivos” para los cuales han sido nombrados.

En su proyecto, el ministro Zaldívar aseveró que el objetivo de la norma es mejorar la calidad de la educación y la práctica profesional docente, lo que es compatible con la excelencia educativa a que se refiere el artículo tercero constitucional, “por lo que es razonable que su insatisfacción dé lugar a la terminación del nombramiento respectivo”.

Del mismo modo, rechazó la argumentación del magisterio disidente en el sentido de que la evaluación educativa y la terminación de la relación laboral se traduzca en una invasión de competencias entre las dependencias de la administración pública federal que ejercen funciones de contraloría y las autoridades educativas, por lo que el argumento para demandar la invalidez de la ley es “inoperante”.

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