A petición de Murat aprueban diputados cuatro nuevas secretarías

Patricia Briseño

OAXACA, Oax.-  A petición del gobernador entrante Alejandro Murat Hinojosa, la  62 Legislatura aprobó ayer en sesión ordinaria nueve dictámenes con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diferentes disposiciones de la Constitución Política local y de las leyes orgánica de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que crean nuevas secretarías y desaparecen otras de la actual administración.

Por lo anterior,  partir del 1 de diciembre próximo, fecha del arribo del gobierno de Murat, operarán las secretarías de Turismo, de Economía, de la Mujer y de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para quedar extinguidas las secretarías de Turismo y Desarrollo Económico (Styde) y del Trabajo (Setrao), así como los institutos de la Mujer Oaxaqueña (IMO) y Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable (IEEDS).

Los integrantes de la saliente 62 Legislatura avalaron reformas, adiciones y derogaciones también crean el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad, el Sistema Estatal de Planeación, la firma electrónica avanzada y el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte.

Aparte de esto, modifican las atribuciones de las secretarías General de Gobierno (Segego), de la Infraestructura y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), y de la Consejería Jurídica.

Con esto, la Secretaría  General de Gobierno trabajará nuevamente por medio de delegaciones en las ocho regiones del estado.

Igualmente, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria pasará de ser un órgano interinstitucional a ser un organismo público descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propio adscrito a la gubernatura.

También, cancelan la atribución del Congreso del Estado para ratificar el nombramiento de los secretarios de despacho, quedando la facultad en el gobernador.

De la misma manera, establecen que cualquier ciudadano podrá solicitar al Poder Legislativo juicio político en contra de servidores públicos y que para proceder penalmente en contra de funcionarios de elección popular se requiere querella del auditor, previa autorización de la Junta de Coordinación Política.

Así como que las facultades de la auditoría para fincar responsabilidades prescribirán en tres años.

No hay comentarios

Dejar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.