Interponen amparo por omisión de autoridades en conflicto de presa Rompepicos

Presa Rompepicos/Foto: Archivo Edgar García

Rocío Flores

OAXACA, Oax.  Un amparo colectivo, el primero en todo el estado y quizá en todo el país, por la omisión de autoridades de Conagua en Oaxaca, se coloca como un elemento más en el conflicto de la Presa Rompepicos, una propiedad de la nación presuntamente comprada por Julio César Espinoza Adame, quien podría ser un “prestanombre” del ex senador Eviel Pérez Magaña, según reveló en el Congreso local, la diputada Leslie Jiménez Valencia.

El abogado Jesús Matías Hernández, autor del amparo con número 1230/2016, interpuesto con fecha 9 de julio en el Juzgado Quinto de Distrito en Oaxaca explica que en el amparo se reclama la omisión de autoridades para evitar inundaciones, y específicamente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por no defender la presa.

Recordó que la Conagua en la época de Diódoro Carrasco, cuyo titular en ese entonces fue Julián Rubén Ríos Ángeles, concesionó “de manera irresponsable” la presa al club deportivo “Liga Monte Albán” de beisbol para ser ocupada como campo deportivo. Al término de la concesión, “curiosamente” Espinoza Adame reclama la propiedad nombrada en su amparo como Lote 47, que ahora pretende vender por 70 millones de pesos.

El presunto dueño, quien se presume podría ser “prestanombre” del ahora subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social, reclama a través de un amparo interpuesto ante el juez quinto de Distrito, José Luis Evaristo Villegas, unas obras de restauración de la Conagua a su presunta propiedad y se ampara para que no le afecte.

“Conagua no le llevó al juez el decreto de esta zona federal, no le llevó cartografías, ni ningún documento que pruebe que esa propiedad es por decreto de 1973, una presa y es propiedad federal”, abunda el defensor jurídico.

Matías Hernández agrega que en este amparo, el primero a partir  de las reformas constitucionales del 2011 y  que podría ser determinante en el conflicto sobre la propiedad  de la presa Rompepicos, se reclaman también derechos ambientales, que afecta al menos a 50 mil personas, habitantes de la colonia La Cascada, Rincón del Acueducto, Estrella, Aurora, Reforma y Jalatlaco.

“El hecho de que la presa, un bien de la nación, tenga un presunto propietario, afecta al medio ambiente, se reclaman derechos que no habían reclamado antes, derechos inéditos en la Constitución”, expone.

Omisión – riesgos

Uno de los puntos que se presentan en el amparo, explica el abogado, es la omisión de las autoridades de Conagua de no haber defendido la presa Rompepicos. Aunque también se reclama la inundación, la afectación de los mantos freáticos,  porque – explica-  ese río es realmente un canal natural  de descargas de aguas negras, donde vierten sus desechos  todos los hospitales,  las gasolineras,  las estéticas de la colonia Reforma y San Felipe, que corre hasta Jalatlaco; el peligro puede ser una explosión, abunda Matías Hernández.

Sin embargo aclara que lo que están trabajando en este momento es sobre la presunta compra  y las afectaciones de la desatención en la presa Rompepicos, una propiedad de la nación que nunca debió ser vendida, según expone.

“Si la inundación no les interesa es posible que menos les interese lo que está entubado”, reprocha el abogado.

De acuerdo con datos proporcionados por ambientalistas, asesores de la comunidad, ese río puede explotar algún día debido a que está acumulando muchos gases tóxicos y no tiene respiradero ni lo han dragado.

Expone que no solo afecta a quienes habitan las colonias La Cascada, Acueducto y Xochimilco, también afectaría a la colonia Jalatlaco porque ahí podría explotar.

Autoridades omisas

Hasta el momento a ninguna autoridad le ha interesado, todas las autoridades como Profepa y Semarnat  ignoran el tema, no saben lo que está sucediendo en Oaxaca, expone el defensor.

Señala que la principal autoridad responsable por omisión es la Comisión Nacional del Agua, delegación Cuenca Pacífico, cuyo delegado Miguel Calderón Arámbula, hoy se sabe que renunció al cargo  el pasado 31 de agosto de 2016.

El abogado expone que tiene conocimiento de que la Contraloría interna, investigó las responsabilidades y probablemente advirtió la omisión de no haber defendido una propiedad de la nación, lo que podría explicar el motivo de la renuncia.

En cuanto al amparo colectivo agregó que está en la etapa de recopilación de informes justificados.

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