Carta de antecedentes no penales viola los derechos: Morena

MVS

CIUDAD DE MÉXICO. La fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados propuso modificaciones a la ley para eliminar en definitiva la presentación de la carta de antecedentes no penales, de la lista de requisitos para obtener un empleo.

El diputado Alfredo Basurto señaló que esa medida implementada por la gran mayoría de patrones y empleadores del ámbito público y privado, viola los derechos de las personas.

Basurto Román subrayó que sin un mandato judicial, ningún funcionario público o privado debe exigir que una persona demuestre que no ha cometido un delito, aunado a que no conseguir un trabajo por ese motivo, tiene un impacto negativo directo en la vida de aquel que busca trabajo y su familia.

El legislador consideró que los antecedentes delictivos de una persona, no deben ser un factor que afecte a terceros o a los dependientes económicos del ciudadano en cuestión.

Indicó que por ello, es necesario modificar los artículos 133 de la Ley Federal del Trabajo y 27 de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, a fin de establecer legalmente que la carta de antecedentes no penales no puede ser un requisito para ser tener una fuente de empleo.

“Si no existe un mandamiento judicial, la exigencia de esa carta no debe prevalecer. No conseguir un trabajo tiene afectaciones directas en las familias o en los hijos. Los antecedentes delictivos de un individuo no tienen por qué afectar a sus dependientes económicos o terceros”, insistió.

Recalcó que conforme al artículo 5 constitucional, todo ciudadano tiene derecho a desempeñar el oficio, actividad remunerada o trabajo que mejor le convenga, siempre y cuando sea legal.

El legislador integrante de la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro recalcó que la carta en cuestión estigmatiza a las personas con antecedentes penales, a quienes se les impide reinsertarse plenamente a la sociedad, tener un empleo y sostener a sus familias, lo que también implica efectos negativos en la productividad de las compañías e instituciones que la exigen.

“Es la marca que muchas personas tienen a veces por delitos simples y queda registrado en los archivos de las procuradurías de justicia de las entidades federativas y los tribunales. Aun así hayan transcurrido unos días o 20 años, sigue apareciendo el antecedente penal, por lo que al momento de pedir trabajo se sufre discriminación laboral”, enfatizó.

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