Germán Cervantes Ayala, titular del IEEPO / Foto: NVI
Félix García

OAXACA, Oax. La Secretaría de la Contraloría del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa iniciará una investigación al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cuyo director es Germán Cervantes Ayala, por un presunto mal manejo de contratos por más de 80 millones de pesos para el suministro de alimentos en albergues escolares y escuelas de muy alta marginación del estado de Oaxaca.

De acuerdo a las primeras evidencias que han detectado en la dependencia, tres meses antes de concluir el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, el director del IEEPO, Germán Cervantes Ayala permitió que una empresa de Jorge Castillo Díaz, principal operador del ex mandatario estatal se quedara con gran parte de esa entrega de alimentos.

Trasciende que estos alimentos estarían destinados para 600 instituciones educativas y albergues en donde el gobierno, se encarga de dar desayunos escolares por condiciones precarias de las familias y cuyos hijos estudian en dichas escuelas.

El director general del IEEPO, Germán Cervantes Ayala, sería el directo responsable del otorgamiento de los contratos, y cuya cabeza es solicitada por la sección 22 del SNTE debido a los problemas que se generaron en las comunidades en donde los alimentos eran de muy baja calidad o bien, ya estaban caducados.

A esto se le suma, la falta de entrega a tiempo de los mismos y porque no reunían los requisitos para cubrir un esquema de alimentación sano, lo que provocó que los maestros y padres de familia de esas más de 600 escuelas y albergues, muchas de ellas con maestros de la sección 22 del SNTE comenzaran a reclamar.

Además se reveló que los contratos se entregaron sin licitación alguna y fue por adjudicación directa, hecha por el mismo director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes Ayala.

Sobre el caso el secretario de la Contraloría del gobierno de Oaxaca, Jesús Díaz Navarro confirmó que se iniciará una indagatoria para deslindar responsabilidades, debido a que no se tiene una claridad sobre cómo se dieron los contratos y bajo que modalidad.

El funcionario estatal expuso que la intensión de revisar esa situación es la de generar certidumbre a la sociedad y sobre todo “La de establecer las responsabilidades en su caso, porque se trata de recursos públicos usados para un beneficio colectivo que es para las niñas y niños de las comunidades más apartadas”.

Díaz Navarro afirmó que la investigación arrojará la verdad de esa situación y en caso de que alguien haya incurrido en irregularidad será sancionado conforme lo marca el reglamento.

 

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