Ilustración
Patricia Briseño

OAXACA, Oax.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca investiga posibles violaciones a los derechos humanos de una mujer, por parte de la autoridad municipal de Santa Lucía Monteverde y personal de la Oficialía del Registro Civil del estado por su probable participación en obligarla a casarse con un hombre desconocido.

De acuerdo con la queja de la agraviada – expediente DDHPO/0890/(18)OAX/2017 –su mamá la llevó contra su voluntad al Registro Civil de Santa Lucía Monte Verde, distrito de Putla de Guerrero,  donde presuntamente con colaboración con la titular de esa oficina la obligó a casarse con un sujeto a quien no conoce.

 “La mujer logró  evadirse de ese matrimonio forzado el 18 de mayo pasado, sin embargo, el  sindico y concejal de Santa Lucia Monteverde dieron su paradero y la hostigan para que cohabite con el hombre que ella no quiere como esposo”.

Por lo anterior, la Defensoría envió al presidente municipal de Santa Lucia Monteverde, Leónides José Sánchez,  la adopción de una medida cautelar consistente en que los integrantes de su cabildo se abstengan de causar actos de molestia, “que no se encuentren debidamente fundados ni motivados, en contra de la persona, bienes, derechos propiedades y posesiones de la agraviada”.

Solicitó al presidente municipal de Santa Lucia Monteverde y a la directora del Registro Civil del estado, Martha Alicia Escamilla,  instruir a los servidores públicos involucrados en los sucesos narrados por la quejosa para que, en un plazo de ocho días hábiles, “rindan un informe detallado y completo sobre los actos constitutivos de la queja, a fin de que el organismo defensor pueda dar seguimiento al caso”.

 A la vez pidió a la dirección  de la Defensoría Pública Indígena estatal para que proporcione la asesoría y acompañamiento jurídico que requiera la agraviada. 

La Defensoría del Pueblo de Oaxaca advirtió a la autoridad que la falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, “tendrá el efecto de que se tengan por ciertos los hechos materia de la queja”.

 Las autoridades municipales y estatales requeridas tienen un plazo de 24 horas para que informe sobre la aceptación de la medida cautelar y, en caso afirmativo, remita las constancias de las actuaciones que se hayan realizado para su cumplimiento.

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