Consejo Anticorrupción de la Coparmex Oaxaca/Foto: @Coparmexoaxaca
Citlalli López

“Corrupción, impunidad y violaciones a los derechos humanos son enfermedades graves que están minando la salud de la nación y que amenazan su desarrollo económico, político y social. Padecemos todos una profunda e indignante injusticia a la que no podemos acostumbrarnos”.

Así lo señaló el presidente de la comisión anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Oaxaca, Ernesto Gutiérrez Jiménez al sumarse a la cruzada nacional #VamosPorMás.

Al ser replicada en Oaxaca, la estrategia nacional que tiene como portavoz al actor mexicano Diego Luna, busca la construcción en la entidad del sistema local anticorrupción autónomo, sin resistencias y su construcción en manos de la ciudadanía.

“Hay grupos de políticos que se oponen al cambio y otros que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar”, señaló.

Cabe destacar que durante este año, expuso, se ha identificado la renuencia de los congresos locales a trabajar con asociaciones civiles y académicos para mejores prácticas en los nombramientos del sistema como de los espejos en los estados.

“Va la 3de3 y el primer paquete legislativo anticorrupción, siempre supimos que para desterrar la corrupción e impunidad sería necesario seguir planteando ideas, haciendo propuestas y exigiendo derechos. Hay grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio y otros que con incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar”.

Gutiérrez Jiménez sostuvo que el ambiente permisivo desde los ámbitos público y privado, aunado a la falta de instituciones y mecanismos eficaces para impulsar transparencia, rendición de cuentas y para reducir la impunidad, ha acrecentado la problemática. “Hemos llegado a un punto insostenible”, asentó.

En Oaxaca, en mayo de este año, la 63 Legislatura del estado aprobó la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, en la que se establece y evalúan políticas que prevengan, investiguen y sancionen faltas administrativas y hechos de corrupción de los entes públicos, así como el control de recursos públicos de autoridades estatales y municipales, los poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos.

Los artículos transitorios establecían que a más tardar el 17 de julio de 2017 tendrían que haberse expedido las reformas, leyes y reglamentos, realizar las adecuaciones normativas correspondientes y designar a los integrantes de la comisión de elección.

Una vez integrada esta debería de elegir a los integrantes del comité de participación ciudadana en un plazo de 60 días naturales, sin embargo las diputadas y diputados acordaron dar largas y aplazar los anterior para el 30 de agosto.

Para el grupo que impulsa la iniciativa #VamosPorMás, el andamiaje legal del sistema nacional anticorrupción es apenas el primer paso de la construcción de un piso firme, y ahora se tiene que preservar en su cabal construcción y aplicación, indicó.

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