Taxis del sitio Alameda / Foto: NVI
Jaime Guerrero

OAXACA, Oax. El Congreso del estado analiza la aprobación de un decreto, por el que se reforma la Ley de Transporte del Estado de Oaxaca, lo que permitiría suspender los derechos, hasta por 180 días, a los conductores del transporte público y privado que incurran en actos de violencia contra otros automovilistas.

Principalmente va dirigida a aquellos taxistas, quienes en las últimas fechas han protagonizado actos de violencia.

La diputada del PRI, Adriana Atristain Orozco señaló que en la entidad se han presentado constantes agresiones entre conductores del servicio público, en la modalidad de taxi por diferencias internas en el gremio al que pertenecen, con otro sindicatos o por invasión de rutas.

A pesar de que la Ley de Transporte en vigor, establece que a la Secretaría de Vialidad y Transporte debe establecer, coordinar y supervisar programas de capacitación a conductores del servicio público y privado, parecería, dijo, que estos no se llevan a cabo, porque persiste la violencia entre los mismos transportistas.

Es necesario, añadió, terminar con la violencia que de manera constante se da entre los choferes y concesionarios de taxis, recordó que la violencia genera más violencia, por lo tanto, la Secretaría de Vialidad y Transporte necesita tener los elementos en la ley para poder sancionar a quienes incurran en este tipo de hechos de violencia y con ello contribuir a que lo piensen antes de hacerlo.

Señaló que la Ley de transporte vigente sanciona con suspender los derechos a los conductores del transporte privado o del servicio público, bajo efecto de algún enervante o bebida alcohólica, así como a los que hayan participado en accidentes viales con saldo de heridos o muertos; sin embargo no contiene ningún supuesto normativo que establezca sanción alguna cuando los conductores se involucren en actos de violencia.

Atristain Orozco lamentó que determinadas organizaciones de taxis se sientan dueños de las paradas de taxis, de los sitios, de las rutas y de todo, “se les olvida que se trata de un servicio concesionado por el estado, que es el estado quien establece las reglas de operación”, finalizó.

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