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RIÓ DE JANEIRO. El presidente de Brasil, Michel Temer, dos veces denunciado por la Fiscalía por corrupción y asociación ilícita, de nuevo está bajo presión, tras la revelación de que la policía estaría investigando operaciones sospechosas de lavado de dinero a través de inmuebles de su familia.

La policía sospecha que Temer habría lavado dinero proveniente de propinas ilícitas por medio de la compra de inmuebles y de remodelaciones en casas y departamentos de sus hijos, según versiones del periódico Folha de Sao Paulo.

Los investigadores creen que Temer, que llegó al poder en mayo de 2016 y cuyo gobierno estuvo marcado desde el primer día por ministros involucrados en escándalos de sobornos, habría usado dinero de empresas como la cárnica JBS y de Engevix para realizar remodelaciones en las casas de su hija Maristela Temer y de su suegra Norma Tedeschi.

Las millonarias remodelaciones habrían sido pagadas con dinero en efectivo, según la policía.

Temer, cuya popularidad no supera el 6.0 por ciento, se defendió este viernes de las acusaciones en una declaración ante la prensa en la que dijo que es víctima de un ataque moral.

“Es contra mi honra y peor aún. Son mentiras que afectan a mi familia y mi hijo que tiene nueve años”, señaló el mandatario en una alocución de 13 minutos.

“Si piensan que atacarán mi honra, la de mi familia, y van a quedar impunes, no quedarán sin respuesta”, declaró ante la prensa, antes de asegurar que pedirá al Ministerio de Seguridad Pública que abra una investigación contra “las filtraciones irresponsables” de la policía.

La semana pasada, Temer ya se había dirigido a la nación por televisión para defender su mandato; mientras crecen los rumores de que el presidente – que ya se salvó de dos denuncias gracias al apoyo del Parlamento-, pueda ser de nuevo objetivo de la Fiscalía.

Estas acusaciones podrían suponer la presentación de una nueva denuncia contra Temer por corrupción, la tercera desde que llegó al poder, después que se libró de las dos anteriores (por corrupción y asociación ilícita) por medio de una extensa campaña de lobby con diputados en el Congreso brasileño, que vetó el avance de sendos procesos judiciales en plenario.

En el centro de las sospechas está el “decreto de los puertos”, firmado en mayo de 2017, cuando Temer ya era presidente, y que amplió de 25 a 35 años los plazos de los contratos de arrendamiento vigentes de empresas que actúan en puertos.

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