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SANTIAGO. El Ministerio Público de Chile estudia el nombramiento de un fiscal especial que tenga a su cargo todas las denuncias contra sacerdotes católicos que hayan cometido abusos sexuales en este país, informaron hoy fuentes oficiales.

En las últimas semanas, en particular tras la visita de los obispos chilenos al Papa Francisco en El Vaticano, la que terminó con la renuncia a sus cargos, se revelaron varios casos de religiosos que cometieron abusos contra menores de edad y jóvenes.

Por este motivo, y tras la invitación del Ministerio Público a las víctimas a realizar las denuncias ante la justicia, se estudia la designación de un fiscal regional que tenga a su cargo todos los casos donde estén involucrados sacerdotes católicos.

Hasta ahora, las regiones Metropolitana, donde se ubica la capital, y del Libertador Bernardo O’Higgins, ubicada esta última 90 kilómetros al sur de Santiago, son las que acumulan más denuncias por abusos contra religiosos.

Uno de los casos con más ruido es el de “La Familia”, donde 14 sacerdotes de la región de O’Higgins fueron suspendidos debido a que habrían conformado una asociación ilícita para cometer delitos de carácter sexual contra menores de edad.

La investigación, que comenzó en marzo pasado, está a cargo de la Unidad de Alta Complejidad del Ministerio Público, pero aquella podría ser asumida por un fiscal regional si el Ministerio Público decide reunir todas las causas del país contra sacerdotes.

Por otra parte, un grupo de diputados de la opositora Democracia Cristiana presentó este martes un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal y obligar a los religiosos a denunciar hechos que revistan caracteres de delito.

En particular, la modificación a la legislación busca obligar a los sacerdotes a denunciar ante el Ministerio Público los abusos sexuales contra menores de edad de los cuales tengan conocimiento.

El último caso conocido de abusos sexuales contra menores afecta al excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, quien se auto-denunció y luego fue suspendido de su ministerio sacerdotal por supuestos abusos contra cuatro jóvenes.

El fiscal chileno Emiliano Arias tomó las indagaciones de este caso y comenzó a trabajar con un equipo especial de fiscales expertos en delitos sexuales, abogados especialistas y con la militarizada policía de Carabineros para determinar eventuales culpabilidades e identificar a responsables, cómplices y encubridores.

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