Integrantes de la 63 Legislatura de Oaxaca/Foto: archivo @Congreso63Oax
Jaime Guerrero

OAXACA, Oax. La 63 Legislatura ya tiene listo el dictamen de reforma constitucional y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para dar paso a la desaparición del Consejo de la Judicatura. Algunos magistrados integrantes son señalados corrupción y malversación de recursos.

Para el presente ejercicio fiscal 2018, el Congreso del Estado aprobó un presupuesto para el Poder Judicial de 819 millones 339 mil 886 pesos, de esos recursos, se destinaron al Tribunal Superior de Justicia, 159 millones de pesos.

Tan solo para el Consejo de la Judicatura, 660 millones 58 mil pesos, cuyos recursos, la mayor parte se van para los sueldos de los magistrados, que, en la vía de los hechos, solo se dedican a relaciones públicas y turismo judicial, particularmente los integrantes del Consejo de la Judicatura.

Fue por decreto emitido el 15 de abril del 2011, en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, cuando entró en vigor la Reforma Constitucional, que incorporó el Consejo de la Judicatura a la estructura del Poder Judicial del estado.

Sin embargo, ya se alistó la reforma constitucional que será aprobada en sesión extraordinaria, el próximo miércoles, para dar paso a la desaparición del Consejo de la Judicatura, que actualmente es una agencia de empleos con salarios onerosos para sus magistradas y magistrados integrantes.

En la exposición de motivos del dictamen, se establece que la creación del Consejo de la Judicatura, se indicaba en la necesidad de garantizar los nuevos equilibrios del poder público a través de un Poder Judicial vigorizado, no obstante, Oaxaca no había seguido la tendencia de imitar en el estado, y en el Poder Judicial concretamente, la creación de un Consejo de la Judicatura similar al de la Federación.

El dictamen de reforma, argumenta que el Consejo de la Judicatura en realidad se volvió una carga para el Poder Judicial por el presupuesto que requiere para su funcionamiento, y de hecho, las funciones que le corresponden son programadas, diseñadas y ejecutadas por las Direcciones del Poder Judicial que ya existían antes de la adopción del Consejo de la Judicatura.

En seis años en lugar de haberse fortalecido el Poder Judicial desde el punto de vista orgánico -señala el dictamen- con la creación del Consejo de la Judicatura, los hechos han demostrado, objetivamente, que se ha tenido un retroceso infame, insultante, que se ha traducido en un aumento del recurso humano, generando un Poder Judicial obeso que implica, a su vez, un dispendio alarmante del recurso financiero.

Dispendio financiero que se refleja también en el pago de recursos materiales innecesarios que afectan seriamente la salud financiera del Poder Judicial, de suyo y endémicamente grave, pues tampoco se han tenido resultados benéficos en el aspecto presupuestal, ya que la autonomía presupuestal del Poder Judicial, que figura como otro de los rubros que pretende justificar la necesidad del Consejo de la Judicatura, a la fecha es una quimera.

La autonomía presupuestal del Poder Judicial no se ha logrado ni se logrará con la existencia del Consejo de la Judicatura, establece el dictamen.

Lo más grave, agrega, radica en la afectación que el Consejo de la Judicatura ha producido en la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal, con su pasividad, con su anquilosamiento, con su indiferencia y falta de atención.

 

 

 

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