Francisco Javier Montero López, exsecretario de Asuntos Indígenas
Jaime Guerrero

OAXACA, Oax. La titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en Oaxaca, Esther Araceli Pinelo López, confirmó que iniciaron investigaciones contra funcionarios de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), por la presunta coacción de subordinados para que participen en actos proselitistas.

Tras la muerte de la comunicadora María del Sol Cruz Jarquín, su madre la periodista Soledad Jarquín Edgar, reveló que su hija fue comisionada por el titular de la SAI del gobierno del estado, Francisco Montero López, a cubrir las actividades de su hermano Hageo Montero, candidato a edil de Juchitán por la coalición Todos por México.

Por lo pronto, confirmó que hasta ayer domingo, a la Fepade, no hay una denuncia presentada de manera formal.

Sin embargo, Pinedo López informó que se inició de oficio una carpeta de investigación, integrada a través de información divulgada por medios de comunicación, a fin de integrar y conocer el presunto uso de recursos públicos o subordinados a favor de una campaña.

Tras las declaraciones de familiares de los afectados directamente, confirmó que se inició por el delito que se tipifique, el coaccionar o amenazas a subordinados para que participen en actos proselitistas o proporcionar apoyo y servicio a algún candidato o partido.

La titular de la Fiscalía señaló que la ley señala que es un delito si se hace por si, o a través de subordinados en horarios de labores.

Además puntualizó que el titular de la SAI no será el único investigado, porque pueden estar involucrados varios servidores públicos, dependiendo del grado de subordinación que tenía María del Sol Cruz Jarquín, quiénes eran sus jefes directos, quiénes le daban las instrucciones, de quiénes recibía órdenes, y subordinados directos.

Para ello, se han girado oficios para citar a comparecer a funcionarios de la SAI ante agentes estatales de investigación, a efecto de ir delimitando responsabilidades.

Explicó que no solo se determinará una acción penal, también administrativa porque como servidores públicos tienen que acatar la ley general de responsabilidades administrativas, tratándose de procesos electorales, tienen que acatar las reglas del blindaje electoral y no echar mano de recursos públicos ni humanos, con todos los elementos se realizarán las imputaciones.

Por lo pronto, Pinelo López, exhortó a los servidores públicos de los todos los niveles de gobierno, a realizar funciones de manera imparcial para no afectar la competencia electoral de los partidos y sus candidatos.

 

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