Citlalli López

OAXACA, Oax. Al considerar que hay elementos para perseguir un presunto delito electoral en la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, inició las indagatorias.

La investigación fue abierta con la carpeta 63/FEDE/2018, en contra del servidor público que resulte responsable del delito en agravio de María del Sol Cruz, quien laboraba en la SAI.

La joven fotógrafa, de 27 años de edad, fue asesinada la madrugada del 2 de junio en el ataque contra Pamela Terán, integrante de la planilla de Hageo Montero, candidato del PRI-PVEM. Soledad Jarquín Edgar, madre de Sol Cruz, denunció que había sido comisionada por Francisco Montero, titular de la SAI para cubrir la campaña de su hermano candidato.

De resultar responsable del delito electoral, podría alcanzar hasta nueve años de prisión conforme lo establece el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

En dicho artículo se establece que se impondrá de doscientos a cuatrocientos días de multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que “Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición”.

Jarquín Edgar declaró que en este país “donde no hay oportunidad para los jóvenes” si María del Sol no aceptaba que la comisionaran a Juchitán “perdía el trabajo”.

La también ganadora del Premio Nacional de Periodismo, denunció que la cámara fotográfica y la computadora propiedad de su hija, en donde tenía el material de la campaña de Hageo, fueron robadas.

De manera paralela, la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca realiza las investigaciones por el asesinato en la carpeta 2552/JU/2018. A través de un comunicado la fiscalía aseguró tener avances en las investigaciones.

Por su parte, la Unidad Especializada de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (UEADCLE), señaló que hasta el momento no existe ninguna indicación de intervenir en el caso, por tratarse del asesinato de una comunicóloga, toda vez que no “no existen elementos que apunte a que el asesinato fue por violentar su libertad de expresión”, señaló Jorge Flores titular de la UEADCLE.

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