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Las organizaciones Artículo 19 y La Doblevida, lanzaron la campaña “Palabras a prueba de balas”, así como una agenda mínima en materia de protección a periodistas y respeto a la libertad de expresión, que demandan adoptar y cumplir a los cuatro candidatos presidenciales.

Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica; y Manuel Camacho, presidente y fundador de La Doblevida, recalcaron que, si los abanderados presidenciales, que no han abordado el tema de manera profunda, no reconocen el problema, éste no se resolverá.

A propósito del Día Mundial de la Libertad de Expresión, presentaron la campaña que se difundirá en medios masivos, incluyendo redes sociales, cuyo elemento simbólico y representativo es una especie de “chaleco blindado”, elaborado con notas periodísticas y que incluye los nombres de los 116 periodistas asesinados en México del año 2000 a la fecha.

Convocaron a los periodistas y la sociedad en su conjunto a participar, tomándose una foto con el chaleco antibalas, a fin de exigir a la autoridad saliente y a quienes buscan gobernar al país, garanticen el ejercicio periodístico y la plena libertad de expresión.

Ruelas y Camacho indicaron que la serie de puntos en torno a los que urge un pronunciamiento de los abanderados Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez, abarcan desde el diagnóstico para identificar a los agresores de periodistas en México, la implementación de un mecanismo nacional de protección a periodistas, hasta una Fiscalía especializada en la materia independiente y autónoma.

Los aspirantes a la Presidencia de la República deberían aclarar si acompañan propuestas como derogar los tipos penales que criminalizan la libertad de expresión, como la calumnia y difamación; y si se comprometen a promover el acceso a la información pública sin trabas.

También se les pide fijar postura sobre la necesaria reforma a la Ley General de Comunicación Social a la que calificaron como la “Ley Chayote”, que dejó de lado y sin reglamentar el tema de la asignación de recursos para publicidad oficial y topes a ese gasto; aunado a que dejó en manos de la Secretaría de Gobernación la asignación de pautas de transmisión de mensajes oficiales en medios, lo que representa un instrumento de control político.

Enfatizaron que sin información periodística no hay democracia, la ciudadanía no puede exigir sus derechos y tampoco se puede ejercer la participación social efectiva.

Recalcaron que México es el país más peligroso para los periodistas y comunicadores en América, y el segundo a nivel mundial.

Expuso que en los últimos 18 años han sido asesinados 116 periodistas; tan solo en 2017 se registraron 507 agresiones; y en este 2018, el número de agresiones ronda los 200 casos, de los cuales, al menos 60 están asociados a los procesos electorales.

Subrayaron que en el país se han “expandido” las zonas de silencio, donde la labor periodística y la libertad de expresión son causas de agresiones y muerte. Eso sucede no solo en regiones como Tamaulipas y Sinaloa, sino en Guerrero y Veracruz, donde la salida del gobernador Javier Duarte no puso fin a la violencia contra los comunicadores.

Lamentaron que el periodismo en México no sea “a prueba de balas”, por el contrario, está sujeto a  un “fuego cruzado” en el que los principales agresores son autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluso desplazando a los integrantes del crimen organizado.

“Queremos que en el próximo sexenio las palabras sean verdaderamente a prueba de balas”, recalcó Ruelas.

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