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MÉXICO. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que el pasado 22 de junio presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) seis denuncias penales contra 235 servidores públicos federales y estatales por violaciones graves a derechos humanos en el caso Iguala.

El organismo detalló que también interpuso 12 denuncias administrativas contra 140 personas, de las cuales, siete fueron ante la Secretaría de la Función Pública y el resto en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal;  órgano Interno de control en la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Así como de la Contraloría Interna en la Fiscalía General del Estado de Guerrero; Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero; Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

De las 235 personas denunciadas penalmente, 116 servidores públicos, 82 de orden federal y 34 del estatal que participaron en la investigación ministerial, realizaron actos u omisiones durante la investigación, posiblemente constitutivos de delito.

Destaca la denuncia penal ante la FGR por la incursión de personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con el detenido Agustín García Reyes, “El Chereje”, en las inmediaciones del río San Juan de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014.

Asimismo, las dos denuncias penales contra personal de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero y de la PGR, por no realizar oportunamente diligencia alguna de investigación relacionada con los autobuses “Costa Line” 2513 y “Estrella Roja” 3278, utilizados por los normalistas.

La CNDH detalló que 119 servidores públicos fueron denunciadas por participar en actos de tortura, trato cruel, inhumano y/o degradante, detención arbitraria y otras violaciones.

De las 140 personas denunciadas por faltas administrativas, destaca el caso del personal a cargo de la estación Iguala de la Policía Federal y de dos agentes de dicha corporación, por participar en la desaparición de un grupo de normalistas en el “Puente del Chipote” y por incumplir su obligación de prestar auxilio a las víctimas y no preservar el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictuosos.

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