Jaime Guerrero 

OAXACA, Oax. Pese a que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que ningún funcionario de los tres poderes puede ganar más que el presidente de la República -salvo las excepciones de un trabajo técnico calificado y de alta especialización- los magistrados del Poder Judicial de Oaxaca ganan más que titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, y hasta más que el gobernador, Alejandro Murat Hinojosa.

En medio de ese dispendio, en la 64 Legislatura ya se analiza una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de Oaxaca para regular los salarios de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los consejeros de la Judicatura, órgano que en la pasada legislatura fue desparecido pero, por un acuerdo político-gubernamental fue revivido en un juicio llegó hasta la Suprema Corte Justicia de la Nación.

El salario de López Obrador es de 108 mil pesos mensuales, mientras que el Murat Hinojosa de 133 mil pesos.

En el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, la Magistrada Presidenta, gana un salario de 181 mil al mes, según el tabulador de salarios de los tres poderes y organismos autónomos, mientras que los 28 magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia, ganan 132 mil 139 pesos.

En conjunto los 28 magistrados ganan 44 millones 398 mil pesos al año.

De su lado, los cuatro consejeros del Consejo de la Judicatura ganan al año 6 millones 229 mil pesos al año. Cada uno obtiene un sueldo neto de 129 mil pesos al mes.

En el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, el magistrado presidente obtiene un salario mensual de 157 mil pesos.

En la víspera, el presidente de la Comisión Presupuesto y Programación de la 64 Legislatura, Mauro Cruz Sánchez, presentó una iniciativa de reforma a la ley orgánica del Poder Judicial del estado de Oaxaca.

Pese a que plantea, que el presupuesto del Poder Judicial no podrá ser menor al ejercido en el año anterior, excepto cuando existan reducciones generalizadas, también plantea que se debe cuidar que el gasto público se administre con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y para satisfacer los objetivos para los que está destinado, quedando prohibido que las retribuciones salariales de los servidores públicos excedan las que le corresponden al gobernador del estado o a las de su superior jerárquico.

No hay comentarios

Dejar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.