El Cabildo mixe criticó la intervención del gobierno en el caso de las mujeres encarceladas

Citlalli López

OAXACA, Oax. La libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas fue el argumento de defensa que expuso la autoridad municipal de Santa María Alotepec, Mixe, para justificar la violencia institucional y comunitaria cometida en contra de siete mujeres que fueron encarceladas por haberse negado a prestar los trastes de un comedor comunitario.

A través de un comunicado firmado y sellado por el presidente municipal José Galván, la sindicatura municipal y Regiduría de Hacienda, de Obras y de Salud, advirtieron que seguirán ejerciendo su función a través de sus estructuras institucionales, costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos y prácticas.

En el mismo comunicado, cuestionaron la actuación de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca por solicitar garantías de integridad física para las mujeres detenidas.

Asimismo lamentaron las medidas cautelares emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la intervención de la Fiscalía General de Justicia para la liberación de las mujeres.

Estos comunicados, llamadas telefónicas, medidas cautelares y la amenaza de iniciar una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Oaxaca, dijeron, se ha vuelto costumbre con la que intimidan a las autoridades comunitarias indígenas mixes. “Medidas que ya no estamos dispuestos a tomar en consideración, pues violentan nuestro sistema normativo interno”, destacaron las autoridades municipales.

En tanto, indicaron que las detenidas fueron liberadas el 1 de agosto a las 19:20 horas por decisión del Cabildo y no por los efectos que hayan causado dichos comunicados y acciones de las distintas instancias.

“Como autoridades de Santa María Alotepec estamos abiertos a que lleguen las diversas dependencias gubernamentales y no gubernamentales, para que se informen, si es su deseo intervenir en algunos casos específicos relativos a la impartición de justicia, pero descalificamos y condenamos que se nos criminalice desde el escritorio como han acostumbrado hacerlo para lograr sus propósitos para acreditarse como los supuestos defensores de los derechos humanos, cuando están lejos de serlo”, declararon integrantes del Cabildo.

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