Jaime Guerrero 

OAXACA, Oax. La 64 Legislatura pidió al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, iniciar una investigación contra el consejero jurídico, Octavio Tinajero Zenil; el secretario de Seguridad, Ernesto Salcedo Rosales; y el comisionado de la Policía, Raúl Antonio Castillejos Solís, por organizar, planear y ejecutar un operativo que violentó el recinto del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, con elementos armados.

Por lo pronto, en el punto de acuerdo aprobado y presentado por el presidente de la Mesa Directiva, César Morales Niño, el petista advirtió que de continuar la disputa de grupos y trastocar gravemente el interés público, el Poder Legislativo en uso de sus facultades constitucionales podrá asumir una solución mediante medidas legislativas para restaurar el orden institucional, y así dar paso a un nuevo tribunal y nuevos magistrados con verdadera vocación de servicio a la ciudadanía.

El punto de acuerdo fue aprobado con 25 votos a favor y ocho en contra, particularmente de la bancada del PRI.

El pasado jueves 15 de agosto, un grupo de ocho magistrados destituyeron al magistrado Adrián Quiroga Avendaño, como presidente de ese órgano, argumentando malos manejos administrativos y presuntos actos de corrupción.

El grupo de magistrados que destituyó al presidente, sesionó de manera extraordinaria para designar a María Elena Villa de Jarquín como encargada del Despacho de la Presidencia del Tribunal.

De su lado, Quiroga Avendaño acusó que, al momento de notificarle un oficio de carácter administrativo, el notificador llegó con elementos de la policía estatal, armados, sin ninguna orden superior, ni comunicación oficial.

Por lo pronto, Morales Niño lamentó que las circunstancias administrativas actuales que vive el Tribunal, generan incertidumbre y falta de certeza jurídica entre la ciudadanía que recurre a solicitar los servicios de ese órgano, ya que existe una magistrada que se asume como encargada del despacho de la Presidencia y un magistrado que se asume como presidente.

En el caso de la incursión policiaca en forma arbitraria, en el recinto Oficial del tribunal, advirtió que se violenta la autonomía y la inviolabilidad de su recinto.

Con el exhorto, justifica el documento, se busca privilegiar y defender la autonomía del Tribunal, además se pretende cuidar sus principios rectores, ya que es un órgano jurisdiccional que forma parte del sistema estatal anticorrupción, y dentro de sus funciones esenciales está proteger al gobernado de los actos administrativos abusivos emitidos por autoridades, y ahora con el conflicto interno que impera en dicho Tribunal, la ciudadanía se encuentra en total estado de incertidumbre.

De acuerdo al diputado petista, es sumamente lamentable que el Tribunal de Justicia Administrativa atraviese por una crisis interna que lo único que está haciendo es evidenciar la falta de ética y probidad de los magistrados y magistradas.

Así como la falta de profesionalismo y autoridad moral para garantizar el acceso a la justicia a la ciudadanía que va buscando refugio y protección contra las arbitrariedades cometidas por las autoridades administrativas.

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