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Jaime Guerrero

OAXACA, Oax. En un hecho inédito mientras organizaciones sociales y activistas piden al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa y al fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, justicia para una mujer presuntamente golpeada y atacada sexualmente por un militante de la Codep, integrantes de organizaciones sociales lo defienden y señalan ahora como preso político.

En un comunicado firmado por la Red de Seguridad, Justicia y Paz, la Red Nacional de Refugios, Red Chimalli Por los Derechos de Todas y Todos, Chatinas por la Igualdad, Iniciativa para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, Código DH, Centro de Investigación, Consultoría y Dialogó: Juana de Asbaje, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), así como una centena de activistas y organizaciones no gubernamentales, plasmaron a través de un documento que a través de las redes sociales se enteraron de los hechos de violencia sexual y violencia física cometidos presuntamente por Ernesto López López, integrante de la organización Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep) en contra de su esposa o compañera la madrugada del pasado 29 de marzo.

Donde el agresor fue aprendido en flagrancia por policías municipales y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por los delitos de tentativa de feminicidio y violación; sin embargo, señalaron en el documento que llama la atención que la víctima no ha podido rendir su declaración debido a que la señora Jaquelina López Almazán, persona reconocida como dirigente de la Codep de forma violenta y bajo amenazas se lo impidió obligándola a abandonar las instalaciones de la Fiscalía.

Hechos que se encuentran consignados en videos que están disponibles en las redes sociales y en los que se puede identificar claramente a Jaquelina López Almazán y a Samuel Castellano Piñón, dirigente y asesor jurídico respectivamente de la Codep.

Pese a ello demandaron al mandatario estatal y al fiscal general la protección y atención inmediata de la víctima, la vinculación a proceso del agresor, la detención y puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de las personas que impidieron su declaración, por privación a su libertad de la víctima y por los delitos que resulten.

Pese a que presuntamente la víctima se ha desistido de los señalamientos en contra de su pareja, las organizaciones y personas firmantes se dijeron convencidas de que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia puede ser una realidad si las autoridades cumplen con la ley y se garantiza a las victimas el acceso a sus derechos.

De su lado, los autonombrados integrantes del movimiento nacional “Unidad Democrática”, minimizaron las acciones en contra de Ernesto López que los señalan como agresor sexual y potencial feminicida y aseguraron que se trata de una víctima de la embestida del estado en contra de activistas sociales.

Pese a los videos existentes y difundidos en las redes sociales aseguraron que se trata de acusaciones falsas como parte de la persecución política que dicen son víctimas los luchadores sociales en la entidad oaxaqueña, incluso aseguraron que Ernesto López es un preso político más por lo que pidieron su liberación inmediata.

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