Patricia Briseño

OAXACA, Oax., Organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos presentaron a la Secretaría de Gobernación solicitudes de extinción de la pena para dos personas privadas de la libertad acorde con la Ley de Amnistía, entre ellas, una mujer zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca. 

Amaranta Valgañon, integrante del equipo de EQUIS Justicia para las Mujeres expuso que la solicitud de amnistía fue presentada el pasado mes de julio, toda vez que el gobierno federal planteo en abril esta figura legal para despresurizar las cárceles en la coyuntura de la pandemia por la Covid-19. 

En conferencia de prensa virtual refirió la amnistía fue requerida para una interna en el reclusorio de San Francisco Tanivet, en el municipio de Tlacolula de Matamoros, y un joven privado de la libertad en Sinaloa, a quienes, en hechos separados, se les imputaron la comisión de delitos contra la salud.  

Precisó que, en el primer caso, la solicitud fue presentada por EQUIS Justicia para las Mujeres y corresponde a una mujer zapoteca de 35 años, quien se desempeña el oficio de costurera, su principal fuente de ingresos. 

La mujer originaria de la zona serrana fue detenida cuando por primera vez, realizaba la transportación de marihuana en un camión de pasajeros con destino a la Ciudad de México, a cambio de la cantidad de dos mil pesos. 

Observó que esta mujer, única cuidadora de su madre indígena, quien vive con discapacidad visual, fue sentenciada por un Juzgado Federal a seis años y seis meses de prisión. 

Mencionó que el segundo caso fue interpuesto por el equipo jurídico de Documenta, donde se solicita la amnistía para un joven de 20 años de edad. 

Precisó que el joven accedió a transportar metanfetamina, a través de la frontera entre México y Estados Unidos, sin tener pleno conocimiento, así como por temor y mediante engaños. 

Subrayó que el imputado fue condenado a poco más de tres años de prisión en una corte norteamericana y después fue extraditado a una prisión federal en México para el cumplimiento de su pena. 

Destacó que ambos casos evidencian distintas formas de vulnerabilidad social y un sistema de justicia punitivo, desprovisto de un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad. 

“Son penas absurdamente severas para delitos menores que lo único que reflejan es la constante criminalización de grupos históricamente vulnerados, entre ellos, personas indígenas, mujeres, jóvenes en situación de pobreza, personas consumidoras de drogas”, señaló. 

Subrayó que ambas solicitudes fueron presentadas por las organizaciones, a pesar de no ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, los detalles del procedimiento a seguir para la extinción de la pena o la investigación o proceso penal en su contra, a través de esta figura legal, así como detalles certeros sobre los criterios para conocer y evaluar los casos, los procedimientos para recepción y trámite, y el papel específico de las autoridades jurisdiccionales implicadas. 

“Esta situación ha dejado a personas privadas de la libertad, sus familias y sus defensas legales sin certeza jurídica y sin la posibilidad de buscar justicia para centenares de personas injustamente presas, pese a que autoridades presentaron la iniciativa de Ley de Amnistía como prioritaria en el contexto por COVID-19 y con el argumento de que podría servir para despresurizar las cárceles”, indicó. 

EQUIS Justicia para las Mujeres y Documenta han insistido en la urgente necesidad de revisar todas y cada una de las solicitudes de amnistía, resolverlas a la brevedad dada la situación de crisis sanitaria y publicar las especificidades de la ruta y requisitos para las personas privadas de la libertad y así puedan acceder a esta figura legal. 

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