EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna

Sin agraviar a nadie, pero en el país hay una tendencia que parece obsesión oficial, de justificarse ante la sociedad, reabriendo heridas, echando la cinta atrás y hurgando en el pasado. Hace algunos sexenios, en el gobierno federal, se creó la llamada Comisión de la Verdad, para investigar y desentrañar los móviles y responsables de la represión del movimiento de 1968 y del 10 de junio de 1971. Aunque encabezada por un distinguido abogado, Ignacio Carrillo Prieto, en poco contribuyó a encontrar la verdad.

En el imaginario colectivo hay una frase anecdótica. ¿Quieres que algo nunca se esclarezca? Forma una comisión. A instancias de la Sección 22, el ex gobernador Gabino Cué no sólo creó una Comisión de la Verdad, sino hasta una Fiscalía para la atención de delitos cometidos en el pasado. Se trataba de encontrar a los presuntos responsables de la llamada represión de los años 2006-2007. Ni una ni otra cumplió con su propósito. Fueron sólo entes imaginarios, ideológicamente dispuestos a una conclusión que fuera de acuerdo a los intereses a los que servían.

En mayo de 2007, cuando todavía se sentían los estertores del movimiento de 2006, que dejó una huella profunda, no en quienes se han asumido víctimas perpetuas, sino en el pueblo oaxaqueño, se documentó la desaparición de dos miembros del llamado Ejército Popular Revolucionario –el EPR-: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ambos –se dice- habrían participado en el citado movimiento político-social y fueron objeto de desaparición forzada.

Desde el punto de vista ideológico, podemos estar en acuerdo o no, con tendencias o métodos de lucha de la organización a que pertenecen o pertenecieron las personas mencionadas. Nada justifica los abusos policiales o excesos violatorios a los derechos humanos. La tortura, el secuestro, la desaparición forzada, entre otros, son agravios al Estado de Derecho, la convivencia social y la civilidad democrática.

No hay que omitir que, durante más de una década, familiares de los desaparecidos han ido y venido para encontrar a los suyos. Es más, hasta se formó una Comisión ex professso, de notables, que, obviamente, fracasó. La semana pasada se liberaron órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios y jefes o ex jefes policiales. Paradójicamente, ninguno es de aquellos que familiares y organismos afines denunciaron en su momento y durante los trece años que lleva la desaparición.

Este hecho ha despertado más dudas que certezas. Esperamos que no sean patadas de ahogado y que, en realidad contribuya a desentrañar la verdad de este hecho, en sí mismo, deleznable. Ojalá que todo ello sea algo más que protagonismo, venganza política y que en verdad se dé a los familiares una satisfacción, así sea dolorosa.

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