EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna

En los últimos días, la ciudadanía oaxaqueña ha vivido un infierno de bloqueos, vandalismo y acciones fuera de la ley. Dos casos han tenido especial significado por la crudeza y la impunidad con la que se agredió al pueblo. Uno fue el de supuestos estudiantes o aspirantes de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, con la bandera de exigir exámenes presenciales, a sabiendas de que hay una política a nivel nacional que no lo permite por la contingencia del Covid-19, que lo mismo secuestraron camiones que destrozaron oficinas.

Pero, ¿cuál fue el móvil oculto de esta aberrante protesta, de las que el pueblo oaxaqueño, ha desarrollado una justificada crispación? Los exámenes en línea o virtuales, para los alumnos de nuevo ingreso, se llevaron a cabo el pasado sábado, desde la sede de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde fueron calificados –como han reconocido las autoridades- con total transparencia. Los exámenes de las once normales se realizaron con éxito. Ello implica que sólo aprobarán quienes demuestren capacidad académica y tablas para la docencia.

Las autoridades identificaron a los autores intelectuales de los actos vandálicos, quienes –dicen algunas fuentes- no sólo tienen plazas en el Instituto Estatal de Educación Pública –IEEPO- sino, además, en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. En el fondo de todo estaría el generoso negocio de la venta de espacios en el sistema de escuelas normales. Quien le entra con su cuerno, de acuerdo a la cantidad que fijen los operadores, tendría espacio para estudiar. Quien no lo tenga, bien puede irse a su casa, no obstante, su deseo de superación o sus méritos académicos.

Por otra parte, fueron algunos vecinos de San Antonio de la Cal, quienes luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desconociera al presidente municipal y abriera la puerta para la designación de un comisionado político, acudieron al abominable método del chantaje. Es más, descargaron camiones de basura en la carretera 175, en plena pandemia y hasta amenazaron con cerrar las válvulas que surten de agua potable a más de cien colonias del área conurbada. Una seria amenaza a la salud pública.

Sólo un ingenuo desconoce que el erario municipal, así sea en los municipios más pobres, es un suculento platillo. Negocios, giros negros, cochupos, etc. Lo que sorprende es la impunidad que se les dispensa por parte de instancias del gobierno estatal, que insiste en su manido diálogo y no en la aplicación de la ley. Ninguna autoridad debe permitir este tipo de acciones. ¿Acaso no existe en el Código Penal ya tipificado el delito de sabotaje y daños a la salud? ¿Qué carajo tiene que ver la ciudadanía con ambiciones o intereses personales o de grupo? ¿Por qué se permiten esos excesos en contra del pueblo inerme? Son sólo preguntas.

No hay comentarios

Dejar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.