EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna

Los conflictos agrarios, limítrofes o diferendos entre nuestras comunidades, tienen un común denominador: la injerencia nociva de organizaciones sociales, partidos políticos o personajes que, incluso de enfrentamientos mortales, pretenden obtener ventaja política. Para entender estos conflictos hay que tener a la vista los procesos electorales en puerta y el posicionamiento político. Otro parámetro es el otorgamiento de recursos ya sean federales o estatales.

Por ejemplo, este 21 de agosto se cumplen dos meses de la masacre de la comunidad de Huazantlán del Río, municipio de San Mateo del Mar, en donde murieron de forma cruel 15 personas –según la Fiscalía General del Estado- o 17, según fuentes de la comunidad. Las fotografías de cadáveres incinerados o lapidados dejaron entrever la bajeza humana. Sorprende que ni la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y tantos membretes que dicen defender las garantías individuales de los pueblos originarios, se hayan pronunciado al respecto.

Han pasado dos meses y no se sabe de autores intelectuales y materiales, mucho menos de órdenes de aprehensión o procesos penales. No es descabellado pensar que se trata de proteger a alguien. En el entorno político ha trascendido la posible injerencia de ciertos actores que buscan, precisamente, posicionarse políticamente en el espectro electoral del año que viene y posteriormente. Lo que es evidente es que, tal parece que se le apuesta al olvido, dejando en la impunidad crímenes colectivos aberrantes como éste.

Hace un par de semanas dos comunidades pertenecientes a Santiago Juxtlahuaca, Santos Reyes Zochiquilazala y San Martín Peras se enfrentaron. Hubo dos heridos y al menos 15 pobladores de la segunda comunidad fueron retenidos por la primera. La incapacidad oficial para hacer uso de los instrumentos que por ley le competen, postergó la entrega de los vecinos secuestrados hasta el pasado viernes. Todo se remite a mesas de diálogo y nunca a la aplicación de la norma, para castigar todo aquello que vulnere el Estado de Derecho.

Diálogo y ley no son términos excluyentes. Según los clásicos, Estado que no aplica la ley es una ficción. Por encima de todo debe prevalecer el bien común. Quien delinque debe tener como respuesta todo el peso de la ley. La privación ilegal de la libertad es un vil secuestro. No es otra cosa. Es el gran problema de aquellos que quieren garantizar la gobernabilidad, violentando la norma constitucional.

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