Patricia Briseño

OAXACA, Oax. El Congreso del estado exhortó al Poder Ejecutivo de Oaxaca a atender con prontitud a tres mil familias damnificadas en Juchitán de Zaragoza, quienes, a tres años de los eventos sísmicos de septiembre de 2017, no les ha resuelto su demanda de reconstrucción de viviendas. 

Asimismo, otro saldo pendiente con los afectados en esta municipalidad zapoteca, es la petición de rehabilitación de drenaje colapsado casi en su totalidad a consecuencia de aquel movimiento sísmico y replicas consecutivas; se cumplen tres años de que los olores fétidos por la fuga de aguas negras son una constante en varias colonias de esta localidad de la región del Istmo de Tehuantepec.

Gloria Sánchez López, diputada local del Partido Morena, demandó a la administración estatal renovar los 12 kilómetros de tubería colapsada, así como un subcolector, que solucionen la red por donde corren 300 litros de agua residuales por segundo.

“Más del 50 por ciento de la red está inservible. Tras los sismos de 2017 es común ver las fugas de aguas negras a lo largo de la tubería que atraviesa por las calles de las secciones Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena”.

Explicó que el Congreso del estado autorizó al Poder Ejecutivo una deuda de tres mil 500 millones de pesos; de ese dinero, la administración estatal pretende destinar 47 millones para ampliar la red de agua potable en Juchitán de Zaragoza, sin embargo, Sánchez López pidió al gobernador, Alejandro Murat, la reclasificación de ese proyecto por la reparación urgente de la tubería del drenaje.

“Han transcurrido tres años, urge rehabilitar la red de drenaje colapsada, es un riesgo para la salud, además, también se requiere reparar la planta de aguas residuales que dejó de funcionar desde septiembre del año 2016”, asentó en entrevista.

En relación a las familias damnificadas, quienes recibieron 15 mil pesos por la reclasificación de daño parcial, durante el gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, no les alcanzó para adquirir el material de construcción básico.

Por lo que a tres años del evento sísmico se observan casas a medio construir, con puertas y ventanas protegidas con tablas.

Ante la lentitud del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), las familias damnificadas determinaron alquilar un cuarto, o vivir hacinadas con parientes o amistades; no obstante, viven con la esperanza de que el gobierno federal habrá de reactivar el censo de afectados, suspendido a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Vilma López Rivera, artesana de Unión Hidalgo, otro de 40 municipios afectados por el movimiento sísmico, vive en un cuarto reducido, que en nada se parece a la vivienda vernácula, de corredor amplió y techos altos, herencia de sus padres.

“Actualmente vivo en un cuarto prestado, cuando llegan los propietarios me voy al terreno donde estuvo mi casa. En 2017 me dieron 15 mil pesos, según el gobierno tuve daños parciales, pero eso no fue cierto porque me quedé en la calle”, comentó.

Según expertos, los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre 2017 fueron la causa de la caída de unas 12 mil casas tradicionales con tejavana, patrimonio histórico zapoteco, cuyos moradores no tuvieron opción de volverlas a levantar debido a que el gobierno federal los obligó a demolerlas en tu totalidad, a cambio les entregó un incentivo económico y a las empresas privadas les pagó el acarreo.

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