Jaime Guerrero

OAXACA, Oax. Con 34 votos a favor la 64 Legislatura determinó no ratificar o no reelegir a la doctora Maribel Mendoza Flores en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado por incumplimiento de los principios de probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa.

En sesión extraordinaria, luego de una resistencia procesal por parte de la magistrada impuesta por el ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo y ante la ausencia de leyes reglamentarias para realizar el procedimiento, los diputados aprobaron el dictamen, basándose en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aprobado el dictamen, el pleno ordenó notificar personalmente a Mendoza Flores y por oficio al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho; y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; Alfredo Lagunas Rivera, así como al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Alejandro Murat Hinojosa.

Una vez notificada Mendoza Flores, deberá hacer entrega formal e inmediata de la magistratura, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, Licenciado Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, con efectos a partir del 26 de septiembre de 2020, día en que concluye el periodo de 8 años de magistrada para el cual fue elegida.
 
De igual manera, aunado al hecho de que la Comisión permanente había citado a Mendoza Flores en tres ocasiones -citatorios de fecha 18, 20 y 26 de agosto-quedó de manifiesto que la magistrada se condujo con dolo y mala fe hacia la Comisión y por consiguiente, al Congreso del estado, cuyos integrantes del primer órgano, se han conducido con respeto hacia su persona sobre todo a sus derechos humanos, como el de audiencia.
 
Durante el procedimiento, Mendoza Flores, exhibió un certificado médico de fecha 25 de agosto del 2020, con el que pretendió justificar su inasistencia a la segunda cita que se le realizó, sin embargo el 27 de agosto del mismo año, presentó ante este Congreso un escrito con el que promueve un incidente de recusación en contra de la presidenta de la Comisión, Elisa Zepeda Lagunas.

Con ello, es evidente y notorio que la servidora pública, sí estaba en condiciones de asistir a la comparecencia, pero como ya se ha dicho su proceder ha sido con dolo y mala fe, pero también es de resaltar que, con dichas conductas mostradas por los citados funcionarios públicos, también se configuran delitos de carácter penal, porque, están ejerciendo la función pública de manera ilícita.

 
En el dictamen se establece también que la magistrada hizo todo lo posible para no comparecer al llamado de la Comisión de Administración de Justicia, pese a que la única intención era hacer valer su derecho humano de audiencia y para frenar a toda costa el proceso de ratificación o no ratificación, reelección o no reelección que se desahogó.

Así mismo, al comprobar conflicto de interés en el dictamen, se hizo patente las cartas de recomendación que exhibió a nombre de colegios de abogados que lo único que mostró es un conflicto de interés innegable, porque existe la posibilidad de que alguno de los seis presidentes de las barras de abogados que soportan el actuar de la magistrada o bien, de sus integrantes, tengan especial interés en que ella continúe fungiendo como magistrada, debido a que pudiera haber asuntos que tienen pendientes con ella, o que proyectó la magistrada en su momento y que fueron litigados por cualquiera de los  recomendados, por tanto de acuerdo del dictamen fue evidente que la magistrada Mendoza Flores no cumplió con las cualidades propias de una servidora pública que debe impartir justicia lo que puso en duda su integridad y su honor ya que tanto la sociedad como los justiciables litigantes y servidores públicos del Poder Judicial del estado esperan que la función estatal de impartir justicia recaiga en personas honestas e integras.  

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