Juan Pérez Audelo/ Columna

En mi modesta opinión, desde que las concesiones del transporte público se otorgaron a dirigentes de membretes y organizaciones sociales; sindicatos y mafias, el tema se pervirtió. En algunos casos se vio como una forma de conservar la clientela política; en otros, como un método para atenuar los efectos de las presiones de grupos dedicados al chantaje, que han sido una amenaza permanente a la gobernabilidad, la estabilidad política y la paz social.

El resultado ha sido exactamente lo contrario. En toda la entidad, taxis, moto-taxis, camionetas de pasaje, de carga mixta, de transporte de materiales pétreos, etc., todos tienen logotipos y membretes a los que pertenecen. Y, obviamente, dirigentes que son los principales beneficiarios, aunque se quieran disfrazar con el manto de la honestidad y de “primero los pobres”.

Así, las unidades que manejan volteos, pipas de agua u otros, tienen el sello de CATEM, CTM, Sindicato Libertad o 14 de junio. Y asumen para sí la potestad de ser los únicos que pueden participar en obras carreteras y aún particulares. Incluso llegan a la violencia criminal si no les son concedidos los contratos. Caso contrario, bloquean carreteras, cruceros, oficinas de gobierno, en abierto desafío a las autoridades.

Dichos gremios y las organizaciones sociales que regentean unidades del servicio público, se asumen, sencillamente intocables. Si alguno de sus miembros es detenido o si, una de sus unidades es asegurada por las autoridades, por irregularidades en su documentación para operar, ya saben el caminito del desafío al Estado de Derecho: montar bloqueos y chantajear al gobierno. Aquí no hay ley, no valen las reglas ni obediencia a la norma. La impunidad es la guía moral de dichos grupos. Y las autoridades, sencillamente, caen en la trampa.

Sindicatos y uniones; confederaciones u organizaciones, caminan al filo de la ley. Hay que ver, por ejemplo, cuando los organismos de vialidad y Policía Estatal realizan operativos para detectar unidades piratas, sin placas o sin cumplir con las medidas sanitarias. En sólo unos momentos, estarán los bloqueos, cuya víctima es la sociedad inerme. Y eso definitivamente debe terminar. En ninguna parte de este país, dicho rubro está tan contaminado por la inseguridad y reto a la ley, como el transporte oaxaqueño.

Cualquier ciudadano puede constatarlo. Sólo basta cuantificar el número de bloqueos, protestas y acciones fuera de la ley, que de manera cotidiana se dan en todo el estado, para darse cuenta que la mayoría provienen del transporte. Es decir, tal parece que, en ese rubro, el gobierno ya perdió el control.

No hay comentarios

Dejar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.