EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna

Este lunes se cumplieron tres meses del asesinato de 15 personas –algunas fuentes afirman que son 17- en la comunidad de Huazantlán del Río, municipio de San Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec. Este hecho forma parte de esa historia negra de crímenes masivos por disputas políticas o agrarias en Oaxaca y una de las 45 masacres en esta administración federal. A la fecha, dicha acción criminal se ha cubierto con un velo de misterio, como si la tortura, incineración y finalmente la muerte de esos indígenas huaves, no tuviera la relevancia que merece un crimen de esa naturaleza.

La hipótesis más socorrida es que se trató de una disputa entre presidencia municipal y vecinos de agencias, por el montaje de un filtro sanitario. Sin embargo, sorprende que edil y agentes no hayan sido suspendidos de sus cargos, al menos temporalmente, para agilizar las investigaciones. Todo se ha ido en denuncias, exigencias al gobierno estatal, de un lado y de otro, pero nada de acciones concretas. El Congreso del Estado sólo reprobó los hechos, pero de ahí en fuera, ha guardado silencio.

Como siempre ocurre en estos casos, hay manos externas que mecen la cuna. Líderes de organizaciones sin escrúpulos alientan el encono y el odio al interior de los mismos grupos étnicos. Y detrás de todo, hay un interés económico o rentabilidad política. En la zona huave las disputas políticas siempre apuntan hacia la violencia. Sin descalificar, ahí la civilidad es una utopía y la impunidad una institución. El caso que mencionamos debe ser tratado como es: una acción criminal que debe recibir castigo.

El politólogo italiano Norberto Bobbio reconoció que, en toda sociedad, “la igualdad, la seguridad y la libertad están garantizados por los caracteres intrínsecos de la ley, más que por el ejercicio legal del poder”. La vigencia del marco legal y el Código Penal no son artificios a los que hay que utilizar como resorte del arreglo político o para garantizar la gobernabilidad. Tampoco puede concebirse como exceso de poder o represión a quien privilegie el diálogo, pero actúe con la ley en la mano.

En Oaxaca se han documentado en los últimos años, decenas de enfrentamientos o vendettas entre comunidades, disputas políticas, agrarias y postelectorales. Obvio, han sido serios desafíos a la ley y a la civilidad. Y así deben ser vistos, no en la ruta de la impunidad. A tres meses de los hechos de San Mateo del Mar, hay que refrendar nuestro apego al Estado de Derecho y no dejar la puerta abierta a la vieja sentencia de: “justicia retardada, justicia denegada”.

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