Foto: Archivo

Mario Delgado dijo que el fin último, es abrir la posibilidad de que los ciudadanos decidan si exmandatarios federales deben ser investigados.

Angélica Melín/ MVS

CIUDAD DE MÉXICO. El líder parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, entregó a la Mesa Directiva del recinto, en calidad de ciudadano, el “aviso de intención” de consulta popular para enjuiciar a ex presidentes por actos de corrupción.

El legislador señaló que con ello, se busca comenzar la recolección de firmas, acción que los militantes de su partido ya realizan desde el fin de semana pasado, para que sea la Cámara de Diputados la que convoque a la consulta.

La petición entregada este lunes 31 de agosto, tiene sustento en los artículos 14, 20, 21, 23, 24 y 25 de la Ley Federal de Consulta Popular, dijo.  

Reiteró que el fin último, es abrir la posibilidad de que los ciudadanos decidan si exmandatarios federales deben ser investigados y enjuiciados por actos de corrupción y algún otro delito cometido durante sus encargos.

Afirmó que con ello, se garantizará el conocimiento de la verdad y a la aplicación de la justicia.

“¿Debe garantizarse el derecho a la verdad y la justicia del pueblo de México por los hechos de corrupción en que pudieron haber incurrido los expresidentes de la República mediante las investigaciones correspondientes, salvaguardando el debido proceso y la presunción de inocencia?”, es la pregunta a formular, planteó.

Asimismo, el diputado Delgado Carrillo indicó que él se dará a la tarea de recolectar un millón 800 mil firmas a entregar a la Mesa Directiva en el transcurso de los próximos 15 días, es decir, el próximo 15 de septiembre, y pedirá que la consulta se lleve a cabo el mismo día de las elecciones del 2021.

Argumentó que el enjuiciamiento a expresidentes es de trascendencia nacional, ya que las revelaciones de “personas que han ocupado altos cargos públicos en las administraciones anteriores implican que diversos expresidentes de México pudieran haberse visto directamente involucrados en hechos de corrupción que, por su gravedad, habrían generado severos daños patrimoniales al Estado mexicano”.

Dichas acciones, abundó, habrían ocasionado un “serio rezago o detrimento en la economía de las familias, su salud, su educación y en otros aspectos del desarrollo social”.

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