Jaime Guerrero

OAXACA, Oax. Los Servicios de Salud de Oaxaca están en la mira del Congreso local, ahora pide a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Contraloría del estado sancionar a los funcionarios responsables de presuntas comprar irregulares.

Asimismo dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera  de  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por las presuntas ilegalidades.

Y es que ahora salen a relucir compras simuladas por un monto superior a los 82 millones de pesos.

En la víspera se dieron las renuncias del subsecretario de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Martín Matus Alonso. Así como la de la subsecretaria de Innovación y Calidad, Rosa Lilia García Kavanagh.

También se presentaron paros en hospitales por falta de medicamentos, y hubo la sospechosa contratación millonaria de túneles sanitizantes no reconocidos por la Cofepris de la secretaría de Salud del gobierno de la República.

En la sesión de la Diputación permanente, diputados de MOrena y del PT denunciaron las presuntas irregularidades; el legislador del Partido del Trabajo (PT) César Morales Niño presentó un punto de acuerdo ante el Congreso Local para que se presente un punto de acuerdo para que se investigue a fondo con la finalidad de que deslinden responsabilidades en contra de autoridades y de funcionarios de los Servicios de Salud de Oaxaca.

De acuerdo con el diputado, presuntamente habrían comprado, de forma simulada o ficticia, medicamentos y material médico a empresas comercializadoras que no se dedican a la venta de estos insumos y  por lo tanto, carecen de comprobación fiscal y facturación correspondiente de la adquisición de dichos productos.

En el documento que detalla que son  92 empresas, el número de factura, el monto y el tipo de insumos que incluyen medicamentos, Material de curación, insumos de mantenimiento, Impresos, material de limpieza, cubrebocas,sanitizantes, instrumental médico, equipos de oficina, papelería, material de computación, ropa de personas y algunas sin especificar.

Sobresalen la empresa COBIMAP con las facturas por conceptos de sanitizantes por un monto de 16 millones 95 mil pesos y 10 millones 179 mil pesos.

Otra sospechosa es la empresa Comercializadora Fessus, con las facturas que no especifican tipo de insumos con monto de dos millones 42 mil pesos, dos millones 754 mil pesos y tres millones 466 mil pesos.

También la empresa AVE12 con un monto de siete millones 830 mil pesos y   la empresa Worthyn con facturas con un monto de un millón 160 mil pesos. 

Así mismo  Services Supplies and Importation se adjudicó un millón 194 mil 800 pesos por concepto de cubrebocas, entre otras.

Por lo pronto, el Congreso local dio trámite a una solicitud al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para que realice una investigación sobre este particular.

En el punto de acuerdo, el promovente señaló que no deben ser tolerados actos de corrupción que lucren con la salud de la población, aprovechando la contingencia sanitaria generada por la Covid-19.

De resultar cierto lo anterior, sería un acto, de por sí deleznable, procurar un beneficio monetario en perjuicio de la población que en estos momentos demanda medicamentos, así como análisis clínicos y químicos.

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