EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna 

En los dos últimos meses, la violencia y el crimen se han exacerbado en la zona triqui. Los muertos están a la orden del día. Las emboscadas, ejecuciones y venganzas nos han hecho recordar pasajes penosos y fatales como fue la desaparición de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, de 20 y 14 años de edad, el 5 de julio de 2007 o el asesinato de Teresa Bautista Merino, de 24 años, y Felicitas Martínez Sánchez, de 20, locutoras de la radio comunitaria “La Voz que rompe el silencio”, en abril de 2008.

En dicha zona, las vendettas entre grupos y dirigentes que se disputan la supremacía, nos han exhibido a nivel internacional, como fue el caso de estas mujeres. En esa ocasión, según el reporte de la Organización Comitteee to Protect Journalist, con sede en Nueva York, se informó que ambas fueron emboscadas, por individuos no identificados, que dispararon con rifles de asalto a su vehículo cerca de Putla de Guerrero. Otras tres personas que viajaban en el vehículoo, incluyendo a un niño de 3 años, resultaron lesionados.

Aunque el asunto se politizó de tal suerte que no faltaron los beneficiarios de este crimen, en abril de 2010, en la zona de La Sabana, Copala, una caravana presuntamente humanitaria, fue emboscada por sujetos armados, dando como resultado la muerte de los activistas Beatriz Cariño, directora de la ONG Cactus e integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el del observador de Derechos Humanos finlandés Tyri Antero Jaakkola. Ambos fueron alcanzados por los disparos de presuntos paramilitares.

Éstos son sólo algunos hechos notables. Pero la violencia en la zona triqui es todo un historial de agravios. A raíz de la misma, hay grupos menores que se asumieron desplazados y han aprovechado las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para apropiarse de manera ilegal de los pasillos del Palacio de Gobierno. Y los crímenes siguen sin que haya una política que obligue a los autores intelectuales a apegarse a la ley. Los grupos que se disputan la zona no requieren sólo de mesas de diálogo y acuerdos de paz. Urgen de la aplicación de la ley. El cuento aquel de “nosotros los pobres indígenas, los del color de la tierra” y demás, deben quedar en el espectro del anecdotario político no en el de la praxis que exige un alto ya a tanta violencia. Que ningún crimen quede impune. Ya basta de tanta faramalla y victimización. Los triquis son un caso emblemático de exterminio inter-étnico, como uno o dos más que conocemos. ¡Basta! Hay que parar este baño de sangre.

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