Patricia Briseño

OAXACA, Oax., Un grupo de mujeres, identificadas con la organización Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi) bloquearon la carretera federal 190, en inmediaciones del crucero de Hacienda Blanca, al poniente de la capital de Oaxaca. 

Por segundo día consecutivo, las manifestantes, entre ellas madres de familia, algunas en periodo de lactancia, se apostaron en la vía para presionar a que el gobierno estatal garantice la seguridad en la comunidad Tierra Blanca, Santiago Juxtlahuaca, en la región Mixteca, ante los sucesos recientes de violencia.

La protesta se replicó con el cierre de la carretera a Santiago Juxtlahuaca, cerca de la Laguna Encantada y frente al Palacio de Bellas Artes, en la ciudad de México. Mientras que, en la víspera, afines se manifestaron afuera del consulado mexicano en Seattle, Estados Unidos.

En entrevista, una de las dirigentes, Reyna Martínez Flores dijo que el gobierno estatal se había comprometido, a garantizar la integridad física y la vida de los habitantes de Tierra Blanca con la presencia permanente de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, después de retornar de un desplazamiento de varios días.

Sin embargo, aseguró, las corporaciones se retiraron y el grupo triqui quedó en estado de indefensión frente a las agresiones de un supuesto grupo armado, al parecer vinculado con su contraparte, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult) .

Destacó que una ambulancia de Santiago Juxtlahuaca ingresó a la comunidad a trasladar a tres heridos de bala, pero –antes de llegar al punto– se negaron al no contar con garantías de seguridad.

CNDH EMITE MEDIDAS CAUTELARES


En el mismo sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diferentes autoridades estatal de Oaxaca para garantizar los derechos humanos a la vida, integridad personal, patrimonio, seguridad pública y paz social de los habitantes de las comunidades indígenas triquis de Tierra Blanca, Yosoyuxi y San Juan Copala, del Santiago Juxtlahuaca, localizadas en el municipio de Juxtlahuaca.

A través de un comunicado, el organismo informó que ante los hechos de violencia ocurridos entre los días 17 y el 19 de enero solicitó al gobernador, Alejandro Murat, y a otros funcionarios estatales y municipales, privilegiar el diálogo y la concertación que ayuden a restablecer la seguridad y la paz social. 

También refirió que la Policía Estatal y de la Guardia Nacional resguardaron el regreso de familias desplazadas en esa región mixteca, pero días después se retiraron, “hecho que provocó que la población quedara en estado de indefensión”. 

La CNDH exigió un alto a la violencia contra las comunidades indígenas, a la vez que les recordó a las autoridades de gobierno que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ordena proteger los derechos de quienes integran las comunidades indígenas, aunado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que la Policía constituye una institución fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para garantizar la seguridad de la población. 

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