Patricia Briseño

OAXACA, Oax., El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), reiteró su llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para garantizar el derecho de consulta de los pueblos y comunidades indígenas tanto en la emisión de la Ley Minera, como en su contenido, antes de emitirse cualquier título de concesión en la materia.  

Adelfo Regino Montes, titular de la institución envió en la víspera un amicus curiae a la SCJN, para que sea tomado en consideración al resolver el recurso de revisión 928/2019 interpuesto por el pueblo masehual (náhuatl) de la Sierra Norte de de Puebla.  

A unas horas  de la sesión remota de Segunda Sala de la Corte,  el funcionario externó su preocupación por las conclusiones del proyecto de resolución elaborado por el Ministro Javier Laynez Potisek, pues en esencia reitera las conclusiones de su anterior proyecto –elaborado en mayo de 2020—que sostiene “no es necesario consultar a los pueblos indígenas antes de emitir la Ley Minera, porque no es una legislación que tenga por objeto regular la vida económica, social y política de las comunidades indígenas, y que tampoco es necesario regular la consulta en dicha legislación porque este derecho ya está regulado en el artículo Segundo, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.  

“En esta fecha, el tema será retomado por los ministros y representa una oportunidad histórica de la Corte para consolidar el derecho al territorio y el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas. En ambos casos, implicará un avance o un retroceso en el ejercicio de los derechos indígenas consagrados en la legislación nacional e internacional”.  

Regino Montes expuso que el amicus curiae, refiere que los pueblos indígenas son propietarios de sus territorios; es innegable que en los territorios indígenas se ubican los principales yacimientos minerales de nuestro país, de ahí que las disposiciones específicas que cuestiona el pueblo masehual en su demanda de amparo.

Detalló que se hace énfasis en que no es indispensable que todo el contenido de un cuerpo normativo deba referirse a la vida económica, social y política de los pueblos para que sea susceptible de afectarles; sino que puede ocurrir que un precepto o grupo de artículos, afecten sus intereses, como es el caso de la Ley Minera, y tal situación es suficiente para garantizar sus derechos fundamentales reconocidos y garantizados en la Constitución Federal.  

El funcionario de origen oaxaqueño dijo que cuando el máximo tribunal de justicia de nuestro país sostiene que “la Ley Minera no debe reconocer el derecho a la consulta, propicia que se sigan emitiendo concesiones sin consultar a las comunidades indígenas, condenándolas a seguir largos y costosos juicios para hacer valer sus derechos, como ha sido hasta ahora y como está ocurriendo precisamente con el pueblo masehual.   

Además, implicará dejar en el absoluto desamparo a muchas comunidades que no cuentan con recursos económicos para sostener procesos jurisdiccionales.  

Por ello, el INPI reiteró su llamado a la Suprema Corte para declarar inconstitucionales los artículos 15, 19, fracciones I a XII; así como los artículos 6, párrafo tercero; 7, fracción VI; 10 párrafo primero y tercero, y 13 Bis de la Ley Minera y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los indígenas masehuales o nahuas del estado de Puebla.  

 “Una resolución justa en esta materia, contribuirá en el resarcimiento de la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas de México”, concluyó Regino Montes.

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