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Jaime Guerrero 

OAXACA, Oax. La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Oaxaca, que revocó el resolutivo acordado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca respecto a los lineamientos de las candidaturas independientes relativas a las comunidades, pueblos indígenas y afromexicanas para el proceso electoral de este año.

Las y los magistrados estimaron que fue acertada la decisión de revocar los aspectos relacionados con los integrantes de tales pueblos y comunidades, ya que esa regulación no se consultó de manera previa y debido a su contenido se estima que podría afectar directamente a sus derechos e intereses y con ello, presuntamente vulnerar su determinación y su autoregulación.

La magistrada Eva Barrientos ponderó que, dado que uno de los mecanismos señalados en los lineamientos implica la celebración de asambleas generales comunitarias, en esta época de contingencia sanitaria derivado de la pandemia por el Covid-19, se concluye que la protección del derecho a la salud y la vida de los integrantes de esos pueblos y comunidades justifica la determinación del Tribunal.

Los juicios ciudadanos fueron promovidos por ciudadanos y ciudadanas que se ostentan como integrantes de diversos municipios de Oaxaca y comunidades indígenas, a fin de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal de Oaxaca.

Así, en el proyecto se razonó que la consulta era necesaria ya que el contenido de la regulación emitida por el Instituto Electoral de Oaxaca afecta los derechos de libre determinación y auto organización de los pueblos y comunidades indígenas, tanto afromexicanos como indígenas.

Y es que se establece de manera propia y sin consideración de la población indígena y afromexicana, diversas figuras y requisitos que pueden o no ser acordes a sus usos y costumbres sin que hubiesen participado del establecimiento de los mecanismos o reglas a que se deben sujetar, quien aspiran a contender como aspirantes independientes de los pueblos y comunidades conforme con sus circunstancias y particularidades.

Segundo porque la regulación establecida por el órgano electoral local, se considera una modificación fundamental que no cumple con el requisito institucional de haber sido emitida por lo menos 90 días antes de iniciar el proceso electoral en Oaxaca.

Y por último se privilegia el derecho a la salud y la vida de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ante las circunstancias sanitarias, derivadas de la pandemia ocasionada por el Covid-19.

Asimismo, en el proyecto se precisa que, si bien un actor del juicio ciudadano aduce la existencia de una afectación a su derecho político-electoral, de ser votado en virtud de la sentencia del Tribunal al señalar su intención de contender por una diputación por el distrito electoral de Ixtlán de Juárez.

Lo cierto es que no aportó elemento alguno en el que se concluyera que hubiera realizado gestiones encaminadas a la obtención de la calidad de aspirantes que refiere y con ello estar en condiciones de ejercer el derecho político electoral que hubiera resultado afectado con la determinación emitida por el Tribunal Electoral de Oaxaca.

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