EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna 

El pasado jueves 4 de febrero, en su comparecencia ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, en el marco de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, dio un dato importante: para combatir la corrupción, es necesario fortalecer las acciones que fomenten la cultura de la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información.

He ahí la importancia de la operación de los portales de transparencia que deben existir, no solamente en la administración pública centralizada y descentralizada, sino además en los municipios de la entidad. En la administración estatal funciona, se dice, un mecanismo para dar seguimiento y evaluar periódicamente el control interno de las instituciones públicas, promover su correcto funcionamiento y la mejora continua en su servicio. Sin embargo, hay aún quienes se resisten a cumplirlo. Las denuncias de corrupción y peculado, están a la orden del día.

La necedad de los ediles a rendir cuentas, por ejemplo, se ha abatido con la operación del programa de Contraloría Social, cuyo objetivo es impulsar la vigilancia de obras y programas sociales que se ejecutan con recursos públicos. Según datos oficiales, han sido acreditados cerca de dos mil Comités de Contraloría Social conformados por más de 5 mil ciudadanos y ciudadanas, que del 2017 al 2020 vigilaron de miles obras hechas con recursos públicos federales, estatales y municipales. Ello representa un paso importante, pues se hace corresponsable a la ciudadanía de los manejos del erario y contribuye a abatir los índices de corrupción municipal.

Si bien es cierto que el tema de los municipios es responsabilidad del Órgano Superior de Fiscalización, nada se sabe de expedientes de responsabilidades ni, mucho menos, de consignación de presidentes municipales opacos y corruptos. Dicho organismo es un ente burocrático que, al parecer, no opera para sancionar las corruptelas, omisiones y falta de rendición de cuentas de los ediles. Varios municipios de la entidad figuran en el espectro nacional, como los más reacios a hacer transparentes sus acciones e informar de su desempeño.

Un aspecto que vale la pena destacar es que los expedientes de al menos 77 funcionarios de esta administración, que han sido denunciados por presunto desvío de recursos, peculado o actos de corrupción, ya se encuentran en la Fiscalía Especializada, a efecto de que se investiguen y persigan penalmente probables delitos cometidos. Una centena ha sido inhabilitada. Porque para nadie es un secreto que, hay quienes aprovechando el cargo que ostentan, le han metido mano al cajón sin reparar en dichas sanciones o el daño al erario.

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