Jaime Guerrero

OAXACA, Oax. Enmedio del proceso electoral local intermedio en el que en Oaxaca se habrá de elegir 25 diputados locales de mayoría, 17 plurinominales y concejalías en 153 municipios que se rigen por la vía de los partidos políticos, la 64 Legislatura, presentó el dictamen de la ley orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que además de delinear y establecer los linemientos de opertatividad y funcionalidad de ese órgano jurisdiccional, dota de facultades plenipotenciarias al magistrado o magistrada presidenta en turno.

La Ley Orgánica del Tribunal, tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de ese órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca y demás disposiciones legales aplicables, establece el dictamen.

En el Artículo 23, establece que el Tribunal, será presidido por una magistrada o magistrado, que será designado por votación mayoritaria de las y los integrantes del Pleno.

Actualmente el Tribunal Electoral de Oaxaca es presidido por la magistrada Elizabeth Bautista Velasco y lo integran el magistrado, Wilfrido López Vásquez, el magistrado Heriberto Jiménez fue destituido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a que en su designación el Senado de la República no observó el principio de paridad; es decir que correspondía la designación a una mujer.

En sustitución de Jiménez, el secretario general, Miguel Ángel Ortega Martínez, asume funciones de magistrado.

El artículo 24 de la ley orgánica establece que la presidenta o presidente tendrá las facultades y atribuciones de representar legalmente al Tribunal ante toda clase de autoridades con poder general para pleitos y cobranzas, así como actos de administración, pudiendo otorgar poderes de representación en casos necesarios.

Además, en sus facultades plenipotenciarias podrá nombrar y remover a las y los servidores públicos del Tribunal, expedir los nombramientos de las servidoras y los servidores públicos del Tribunal.

Asimismo, firmar junto con el secretario general de acuerdos, todos los acuerdos y actas que emita turnar a las magistradas y magistrados de conformidad con lo dispuesto por el reglamento interior.

Conducir los debates en las sesiones, dirigir y vigilar la administración del Tribunal; presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal a más tardar en el mes de octubre del año inmediato anterior al de su ejercicio.

También ejercer las partidas presupuestales autorizadas implementando las medidas necesarias, vigilando su cumplimiento, integrar y presidir el Comité de Adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y contratación de servicios del Tribunal.

Proponer al Pleno las modificaciones y transferencias presupuestales para la ejecución de las actividades del Tribunal.

En el artículo 29 del dictamen presentado en primera lectura al Pleno, las magistradas y los magistrados gozarán de todas las garantías judiciales previstas en el artículo 17 de la Constitución a efecto de garantizar su independencia y autonomía, cuyo contenido mínimo se integra por la permanencia y la estabilidad en el ejercicio del cargo por el tiempo de su duración y la seguridad económica.

Las remuneraciones de los magistrados y magistradas serán en términos de los artículos 127 constitucional, sin que se pueda disminuir durante el tiempo de su encargo.

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