La reforma impone penas de hasta seis años de cárcel por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento.

MVS

CIUDAD DE MÉXICO. La Cámara de Diputados, reunida en Pleno, aprobó en lo general, casi por unanimidad, con 446 votos a favor y sólo uno en contra, el dictamen correspondiente a la minuta del Senado, con la llamada “Ley Olimpia”.

De inmediato, inició la discusión particular de algunas reservas que en su conjunto fueron rechazadas.

En la votación particular, el ordenamiento se aprobó con 434 votos a favor y uno en contra. En consecuencia, será turnado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, la diputada de Morena, Rocío Villarauz, detalló que los cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, integran los conceptos de violencia digital y violencia mediática, aunado a que impone sanciones a los delitos de violación a la intimidad sexual de las personas, a través de la difusión de contenidos no autorizados, de tipo sexual, en internet.

Señala que se entenderán como violencia digital, las acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atenten contra la integridad, dignidad y vida privada de las mujeres causando daño psicológico, económico o sexual en los ámbitos privado o público, así como daño moral a la afectada y sus familias. Integra a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un capítulo denominado “De la violencia digital y mediática”.

Establece la definición de violencia digital, como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.

También se considerará violencia digital, todo acto que cause daño en la intimidad, privacidad y / o dignidad de las mujeres, y que se cometa a través de tecnologías de la información y comunicación.

La violencia mediática se definirá como todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discursos de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.

Ejercerá violencia mediática, toda persona física o moral que utilice medios de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra el autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Indica que cuando exista violencia digital o mediática, las autoridades de procuración de justicia ordenarán de manera inmediata medidas de protección, instruyendo vía electrónica o a través de escrito a las empresas de plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales, páginas electrónicas, personas físicas o morales, interrumpir, bloquear, destruir o eliminar imágenes, audios o videos relacionados con las agresiones en investigación.

La autoridad pedirá el resguardo y conservación lícita del contenido denunciado. Las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, avisaran de inmediato al usuario que compartió el contenido señalado, que dichas publicaciones serán inhabilitadas, por orden judicial.

Los notificados tendrán oportunidad de audiencia, dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección, a fin de que un juez de control determine si dichas disposiciones se cancelan, se ratifican o modifican.

Las modificaciones al código penal federal contemplan la adición de un capítulo referente a la “Violación a la intimidad sexual”. Incurrirá en ese delito la persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audio de contenido íntimo sexual de una persona mayor de edad, sin su consentimiento, aprobación o autorización.

También cometerá violación a la intimidad sexual quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

La sanción para esas conductas será de tres a seis años de prisión, y también se le aplicarán multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Dichas penalizaciones aumentarán hasta en una mitad, es decir, podrían llegar a cuatro años y medio y hasta nueve años, cuando el delito de violación a la intimidad sexual se cometa por el cónyuge, concubinario o concubina, o por cualquier persona con la que la víctima haya tenido o tenga una relación sentimental, afectiva o de confianza.

También se sancionará en esos términos cuando el delito se ha cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones; cuando el delito se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho o no pueda resistirlo; cuando se obtenga algún beneficio no lucrativo; cuando se haga con fines lucrativos; o cuando a consecuencia de los efectos del delito, la víctima atente contra su integridad o su propia vida.

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