EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna 

Del tema de la transparencia y el acceso a la información; de la rendición de cuentas y del derecho de los mexicanos a estar informados, hay mucha tela de dónde cortar. En los países que se dicen democráticos, amén de la división de poderes, existen los contrapesos: aquellos organismos que provienen de la sociedad civil, la representan e imponen frenos, cuando alguno de aquellos poderes pretende imponerse sobre los demás, es decir, establecer una simple y vulgar dictadura.

En 2001, el llamado Grupo Oaxaca, formado por académicos, periodistas, editores y organismos vinculados con la lucha democrática, promovió en México, la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La misma fue promulgada en 2002, luego de intensos cabildeos con las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso federal. Poco después se fundó el órgano garante: el Instituto Federal de Acceso a la Información –IFAI- hoy conocido como INAI.

¿Se trata de un órgano burocratizado, que no sirve para nada y sólo es una sangría al erario federal? Por supuesto que no. Es si acaso, el único instrumento con el que cuenta el ciudadano de a pie, para exigirle al gobierno, información precisa sobre el uso o abuso de los recursos públicos. La lucha contra la corrupción pasa necesariamente por la rendición de cuentas; la información que aporten los llamados “sujetos obligados”. Los únicos datos o expedientes reservados son los que tienen que ver con asuntos de seguridad nacional o de justicia.

A pesar de que el origen de la ley de transparencia y de los órganos garantes se remonta a una lucha de la sociedad civil y de los ciudadanos, los partidos políticos la han visto como un suculento manjar para manejarlos, meter a sus incondicionales y manipularlos. Así, la semana pasada nuestras lumbreras legislativas oaxaqueñas, de la bancada de Morena y adláteres, aprobaron con 28 votos, la desaparición del Instituto Estatal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Un fracasado intento de ponerse a la vanguardia a nivel nacional, aunque sólo sean un fiasco, igual a sus leyes de residuos sólidos o la llamada “ley chatarra”, que han resultado hasta hoy, un soberano fracaso.

¿Pero, cuál es el trasfondo de la creación de un nuevo Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, con un nombre kilométrico y confuso? El oportunismo, la inmediatez y la ignorancia. Hacer de la transparencia y el acceso a la información, no el contrapeso o el instrumento con el que cuenta una sociedad democrática para exigir cuentas, sino prostituirlo partidista e ideológicamente. Un salto al vacío; un tiro fallido, sobre el que tendrán mañana que rendir cuentas, ante el pueblo bueno y sabio.

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