Patricia Briseño

OAXACA, Oax. María Antonieta Velásquez Chagoya, comisionada del Instituto de Acceso a la Información de Datos Personales (IAIP) aseguró que nunca fue enterada de la extinción de este órgano por parte del Congreso del Estado, y desconoce qué ocurrirá con el patrimonio del mismo, así como con la estructura administrativa y laboral, conformada por 70 trabajadores, incluyendo dos comisionados.

“La institución está en la incertidumbre. Pedimos que se respeten los derechos ciudadanos, derecho a la información pública y protección de datos personales”, subrayó.

Como se recordará, la semana pasada la mayoría del grupo parlamentario del partido Morena aprobó las reformas de ley que sustituyen el Instituto de Acceso a la Información de Datos Personales, para dar paso al Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.

La reforma al artículo 114 constitucional expone que este nuevo órgano garante es independiente, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, a la protección de datos personales y garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno en los términos que establezca la ley.

El órgano garante tendrá un consejo consultivo integrado por cinco consejeros –el extinto IAIPO tenía tres–, de carácter honorífico y sin goce de sueldo, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Cámara por el periodo de cinco años.

Sus integrantes no podrán ocupar cargos en partidos políticos ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público, excepto en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que no medie remuneración alguna.

Un segundo artículo transitorio precisa que el Congreso del Estado emitirá la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, dentro del plazo de 60 días naturales posteriores a la publicación del decreto.

Establece que sesionará colegiada y públicamente, se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad, buena fe, no discriminación, oportunidad y buen gobierno.

Por lo pronto, Vásquez Chagoya (comisionada electa en agosto de 2019) dijo que ahora habrá que esperar la propuesta de la ley secundaria, y de esta forma aclarar este dictamen al artículo 114 constitucional, al que consideró ambiguo, por parte del Poder Legislativo.

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