Foto: ilustración
Citlalli López

OAXACA, Oax. Para Ale y su hija, denunciante de violación, la justicia no llega, cuatro años pasaron desde el inicio del proceso y hasta el momento sin audiencia intermedia.

Liz, quien en su adolescencia denunció las agresiones sexuales vividas desde su niñez, ahora con mayoría de edad pareciera transitar por un camino sin fin.

El presunto implicado, exregidor de obras públicas del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Javier Daniel G.R., actualmente preso en el penal de Miahutlán de Porfirio Díaz, podría ser puesto en libertad por omisiones y errores de la Fiscalía.

Javier Daniel G.R. y Ale iniciaron una relación cuando Liz tenía solo 4 años de edad; como pareja tuvieron 2 hijas más, al llegar la adolescencia, Liz rompió el silencio.

Esta agonía empezó el 17 de mayo de 2017 con la denuncia, en el 2018 estuvieron presionando para que se girará la orden de aprehensión, pero fue un año muerto.

Llegado enero de 2019 el presunto implicado tomó posesión de un cargo público como regidor de obras, cobijado por la presidenta municipal Yolanda Santos Sarmiento y su comitiva de Morena; ahí fue cuando se complicaron más las cosas.

Sin consentimiento de Ale como tutora del Liz, entonces menor de edad, la denuncia de violación fue utilizada por el grupo opositor del Cabildo para el golpeteo mediático y consecutivamente la afectación al caso.

Tras su insistencia al entonces fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, el 13 de mayo de 2019, Javier G.R. fue detenido.

Con el Centro Paimef como apoyo legal y psicológico, Ale y Liz trataron de impedir que fuera puesto en libertad, no lo lograron.

Una primera irregularidad fue que al cumplir la mayoría de edad la Fiscalía saco del expediente a Ale y a sus abogados, Liz se vio obligada a presentarse sin defensa.

En tanto que por omisiones y falta de pericia al Ministerio Público solo acreditó violación equiparada y no violación agravada, pese a que en la carpeta estaba asentado que Javier Daniel había cometido violación desde que Liz tenía 6 años de edad y hasta los 14.

Con el pago de una fianza de 30 mil pesos él fue puesto en libertad, en ese lapso, Ale fue víctima de daños a su camioneta y le fue sembrada droga pese a que tenía medidas de protección.

A través de un amparo logró que el expediente se revisará debido a las irregularidades a lo largo del proceso, estas fueron acreditadas y aceptadas por un juez federal.

En noviembre de 2019 el implicado metió en recurso de apelación, debido a la pandemia fue hasta el 30 de noviembre de 2020 cuando se llevó a cabo la audiencia de más de 6 horas.

Por un momento pensaron que nuevamente iba a ser puesto en libertad, porque lo vertido por la ministerio publico favorecía al implicado, pese a ello el delito fue reclasificado a violación agravada y se estableció la prisión preventiva.

El juez solicitó en esa audiencia la integración de otra carpeta con los hechos, lo que implicaba de nueva cuenta que Liz narrará todo. La Fiscalía hasta el momento se ha negado a subsanarlo pues argumentan que se puede hacer en el momento del juicio.

Actualmente, madre e hija se encuentra a la espera de la fecha para la audiencia intermedia, bajo argumento de que, como éste, hay miles de casos que atender.

La Fiscalía no ha puesto interés en garantizar justica, por el contrario, ha colocado obstáculos al exigir, pese a que es parte de sus funciones, exámenes periciales especializados hechos por peritos victimológicos, los cuales no ha proporcionado como instancia procuradora de justicia.

El desgastante proceso les arrebató la libertad, tranquilidad y seguridad; por momentos pareciera flaquear, pareciera que están librando una batalla sin armas y con las instituciones en su contra.

El riesgo de que el presunto responsable de violación sea liberado es alto y con ello, se ingresaría la impunidad en Oaxaca.

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