Jaime Guerrero 

OAXACA, Oax. La 64 Legislatura pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer la facultad de atracción en el juicio de amparo indirecto, radicado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, promovido por la jueza Erika María Rodríguez Rodríguez, quien no fue favorecida por el Congreso del Estado, en la designación de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En el punto de acuerdo aprobado de urgente y obvia resolución por los diputados de Morena y el PT, fue propuesto por el diputado del Partido del Trabajo, Noé Doroteo Castillejos.

El petista, refirió que el caso del juicio de amparo, radicado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, trasciende la esfera de lo privado, pues, tiene implicaciones de gran relevancia jurídica y política al tratarse de un litigio por presunta violación de Derechos Humanos, y de trasgresión a los requisitos y procedimientos para ocupar una magistratura del máximo Tribunal de Oaxaca.

Aunado a la omisión de atender el principio de paridad de género motivo por el que la jueza María Erika Rodríguez, tuvo a bien promover dicho recurso.

Doroteo Castillejos, reprochó la reacción por parte del titular de Poder Ejecutivo por emprender una persecución política contra Rodríguez Rodríguez, y haber iniciado, según el diputado un procedimiento.

No obstante que el acudir a los tribunales a solicitar la impartición de justicia es una prerrogativa de toda persona, destacó.

El legislador local, refirió que un estado democrático, el acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse por todas las autoridades para alcanzar la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de toma de decisiones públicas y dicho derecho no debe de ser condicionado por algún poder o realizar cualquier acto u omisión que puede constituir actos de molestia en contra de la ciudadanía que cuestiona dicho acto u omisión ante la autoridad competente.

El petista, reconoció que Rodríguez Rodríguez, cuestionó la omisión del Congreso del Estado por considerar que le causa perjuicio a su esfera jurídica.

Dicho acto la afecta indirectamente, pues la decisión que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca acciono al designar a dos hombres para ocupar las titularidades de las magistraturas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, rompen, según el petista el principio de paridad de género, por tal motivo se han emprendido diversas acciones legales, pues a su consideración dicha determinación del Titular del Poder es violatorio a diversos principios reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso, para que sea analizado en concordancia con los principios y derechos reconocidos en Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, con el fin de establecer el procedimiento para la selección de las y los magistrados integrantes del Poder Judicial del Estado de Oaxaca observando el principio de división de poderes y garantizando la paridad de género en la integración de los órganos de toma de decisiones públicas.

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