Patricia Briseño

OAXACA. Oax., Yésica Sánchez Maya, abogada y defensora de derechos humanos fue objeto de espionaje a través  del malware  Pegasus, denunció la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.

Ana María Hernández Cárdenas, directora de la asociación civil, urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación exhaustiva e imparcial que permita identificar a los responsables intelectuales y materiales de la financiación y de la operación que violenta la privacidad de la también fundadora de Consorcio.

En declaraciones a la prensa la activista explicó que la reciente investigación “Pegasus Project”, desarrollada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, reveló la potencial infección de al menos 15 mil números telefónicos mexicanos, propiedad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

Consideró que es de alta gravedad la inclusión de la abogada Sánchez Maya en la lista de 109 personas defensoras infectadas por el malware Pegasus, porque la labor de la organización (Consorcio) conlleva una serie de contactos con víctimas, personas defensoras e integrantes del movimiento social en todo el estado.

“El ataque en contra de nuestra compañera es un ataque y una vulneración de la información y datos personales no solo de sus familiares y amistades, sino de amplios sectores de los movimientos sociales y víctimas en Oaxaca”, asentó.

Consideró que este ataque no es un hecho aislado, pues “se dio en un contexto de constantes ataques a la organización durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde quedó documentado el constante hostigamiento, vigilancia, incidentes con los equipos telefónicos y de cómputo, difamaciones y ocho allanamientos, tanto a la sede, como a domicilios particulares de  integrantes de Consorcio para el Díalogo.”

Por lo anterior requirió a la FGR desarrollar una investigación para identificar a los responsables y garantizar el castigo no solo a las empresas que vendieron el malware, sino a todos los funcionarios de las diversas instancias de Gobierno quienes adquirieron y usaron Pegasus.

Finalmente, Hernández Cárdenas apuntó que la trascendencia del caso obliga a la toma de medidas prontas, contundentes y extraordinarias, para “garantizar el acceso a la justicia a todas las víctimas, así como a la no repetición de estas graves vulneraciones a los derechos humanos”. 

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