Patricia Briseño

OAXACA, Oax., Las víctimas indirectas por los acontecimientos violentos ocurridos en diciembre del año pasado cuando fueron asesinados dos campesinos y quemadas unas 50 viviendas en la comunidad de Río Santiago, Oaxaca, concedieron un voto de confianza al gobierno del estado al permitir la salida de elementos de seguridad federal y estatal, y funcionarios de Fiscalía General del Estado.

Por esta razón autorizaron el retiro de 46 servidores públicos, entre efectivos de la Guardia Nacional y Policía Estatal, además de agentes de investigación, peritos y Ministerio Público, retenidos durante casi tres días por los agraviados con el respaldo de la autoridad municipal de Santiago Textitlán, localidad indígena zapoteca de la Sierra Sur.

Durante ese tiempo, los habitantes de Textitlán alimentaron a la tropa, les permitieron recorrer el lugar a pie, debido a que les recogieron las llaves de las patrullas, también les quemaron un vehículo de la Secretaría General de Gobierno.

Sin embargo, el retiro de los uniformados y funcionarios ocurrió en forma paulatina debido a las condiciones climatológicas y agrestes por los caminos de esta zona indígena zapoteca.

El gobernador Alejandro Murat arribó alrededor del mediodía a la comunidad donde las familias afectadas le dieron a conocer los acuerdos alcanzados con su administración, en el sentido que la Secretaría de Gobernación de Oaxaca y la Defensoría de Derechos Humanos darán seguimiento a las carpetas de investigación integradas por el doble crimen, saqueo y quema de casas ocurrido en diciembre de 2020.

A su vez se realizan las gestiones necesarias para buscar fuentes de financiamiento que permitan apoyar económicamente a las personas afectadas.

Con el objetivo de solucionar la problemática de origen a este conflicto, se estableció que la Junta de Conciliación Agraria convocará a las autoridades comunales para efecto de crear los acuerdos que permitan solucionar los problemas de colindancia con Santiago Xochiltepec.

Los elementos de la Guardia Nacional, y de Seguridad Pública mantendrá los recorridos de disuasión, enfocados principalmente en la zona de la comunidad Río Santiago, de donde son originarias las familias desplazadas y víctimas indirectas que se encuentran en calidad de refugiados en Santiago Textitlán.

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