Rocío Flores

OAXACA, Oax. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó por segunda vez la autorización del permiso ambiental a la compañía minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines-FSM, con el que pretendía prolongar por 10 años más el periodo de explotación de plata y oro en la región de los Valles Centrales de Oaxaca.

De acuerdo con el resolutivo de la Semarnat, que consta en el oficio SGPA/DGIRA/DG03305, la empresa incumplió con lo establecido en el permiso original entregado en 2009, al construir 75 obras irregulares sin autorización.

¿Cómo había operado anteriormente?

Neftalí Reyes, integrante del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios explica en entrevista, que la empresa, establecida en San José del Progreso, Ocotlán comenzó a funcionar sin un estudio de impacto ambiental. Luego en 2009 obtuvo la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) original, condicionada por 12 años, de 2009 a 2021, por lo cual debía establecer las medidas que tomaría con respecto al medio ambiente.

Durante ese periodo la empresa había presentado otras MIAs y al menos 10 informes preventivos en periodos diferentes y en todos la Semarnat había otorgado el permiso sin ninguna observación, a pesar de la queja recurrente de 12 comunidades zapotecas por violentar la autonomía de sus comunidades, al no haberles consultado sobre la explotación de sus tierras, además de decenas de irregularidades y afectaciones, entre ellas la contaminación del río Coyote en Magdalena Ocotlán por el derrame de la presa de jales.

“La empresa no informaba cuánto se ha duplicado el uso de agua, que es una de las mayores problemáticas de las comunidades, pero la Semarnat le entregaba sin problema los permisos”, dijo Neftalí Reyes. 

Primera negativa de Semarnat

Pero fue hasta enero de 2020 cuando por primera vez, la Semarnat determinó no autorizar el documento denominado MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) Particular del proyecto San José II, “debido a los impactos acumulativos que han originado en mayor o menor medida la destrucción y el aislamiento de los ecosistemas de la región”.

En esa fecha, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) le impuso una multa. Pero también le dio la posibilidad de presentar una nueva MIA en el que la minera debía enlistar las acciones para prevenir, mitigar y restaurar los daños al medio ambiente.

La minera emprendió una campaña para limpiar su imagen y presentó un nuevo documento al que llamó MIA Regional.

De acuerdo Rubén Sánchez Sánchez y Francisco Rosario Valencia, voceros de los pueblos zapotecas que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, en dicho documento, la compañía pretendía justificar 75 obras, que han sido construidas sin autorización de las autoridades ambientales, para seguir con la explotación de plata y oro en los pueblos de los Valles Centrales de Oaxaca.

“El frente exigió a la dependencia federal negar dicho permiso, ya que, desde hace 10 años ha violentado el derecho humano a un medio ambiente sano de nuestras comunidades”, declararon ayer en conferencia de prensa.

Resolución

Finalmente, la dependencia federal resolvió que la empresa incumplió con lo establecido en el permiso original, explicaron los voceros de los 12 pueblos zapotecos, quienes durante el proceso de análisis y evaluación del permiso ambiental lograron comprobar las afectaciones, realizar observaciones al permiso ambiental y entregar la determinación de sus asambleas en sus declaratorias de territorio prohibido para la minería a la dependencia encargada de proteger el ambiente en el país.

La Semarnat publicó el 22 de julio en su Gaceta Oficial la negativa con el argumento de que “el carácter preventivo de las medidas ambientales fue rebasado, vulnerando el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades involucradas”.

“Bajo el amparo del principio de precaución, una evaluación de impacto y riesgo ambiental es una condición necesaria para la implementación de cualquier proyecto, y, en consecuencia, su ausencia constituye en sí misma una vulneración a este principio. Carece de soporte técnico suficiente que brinde certeza y confiabilidad…”, sentencia.

En un Estado de Derecho, dice Neftalí Reyes, con este resolutivo la empresa tendría que parar sus operaciones en octubre de 2021 cuando se vence el plazo de la MIA original. Además, según las palabras del presidente, ningún proyecto puede operar fuera de la ley.

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