EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna 

En poco más de dos meses, terminará sus funciones la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, que ha sido calificada como la peor, en la historia política contemporánea. El Instituto Mexicano de la Competitividad -el IMCO- la ha ubicado como una de las más onerosas e improductivas del país. Se trata de un órgano compuesto por 42 legisladores y legisladoras, que lo hacen, junto con los congresos de Nuevo León y el Estado de México, uno de los más numerosos de México.

La pregunta que algunos ciudadanos nos hacemos es: ¿en realidad para qué sirven tantos representantes populares, que durante su ejercicio han costado al erario más de 2 mil millones de pesos y ni han aprobado reformas trascendentales o creado leyes que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños? ¿Por qué un Congreso tan numeroso? Por ejemplo, Jalisco tienen 38 diputados; Chihuahua, 33 y Coahuila 25, en cambio un estado con elevados índices de pobreza, como Oaxaca, tiene 42.

Un análisis de nuestra representación popular, de la cual, al menos 19 repetirán en la siguiente legislatura, muestra que sólo representan los intereses de ciertos partidos, mafias y cofradías políticas. Son -con sus contadas excepciones- una especie de clase ociosa. En esta legislatura han prevalecido las ocurrencias, el protagonismo, el tráfico de influencias, la conversión de legisladores en constructores y los decretos fallidos. Ahí están la Ley Anti-chatarra y la de Residuos Sólidos. Es decir, privan la meritocracia y la medianía.

De la famosa austeridad republicana nadie se acuerda. Fue bandera de algunas diputadas de Morena al inicio de su gestión, pero al ver las bondades del dinero fácil, hoy simplemente fingen amnesia. Y están en vías de sangrar más al erario. En redes sociales han circulado fotografías de algunos vehículos estacionados frente al edificio de San Raymundo Jalpan. Los envidiaría cualquier congresista norteamericano o europeo. Diputados ricos y pueblo pobre. La paradoja de la Cuarta Transformación.

Tal vez por ello han estado tan empeñados en desaparecer el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Consejo Ciudadano contra la Corrupción. Califican y validan a quienes desempeñan los cargos, mientras que prevalezca para ellos la opacidad y la nula rendición de cuentas. Se desgarran las vestiduras, pero hay quienes protegen a ediles omisos y corruptos. Es una desgracia, pero si como dice el dicho de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, también los representantes populares, son los que elije el voto mayoritario, aunque sean los peores.

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