Jaime Guerrero

OAXACA, Oax. El Congreso de Oaxaca reformó la ley Estatal de Salud con la finalidad de garantizar a las mujeres la atención médica gratuita para la interrupción del embarazo en el sistema estatal de salud pública, de forma segura y libre de discriminación, antes de las 12 semanas de gestación.

Mediante la reforma se instituye que las instituciones públicas que integran el Sistema Estatal de Salud deberán garantizar el derecho de todas las mujeres a la interrupción del embarazo legal.

Al fijar posicionamiento, la diputada de Morena, Magaly López Domínguez, una de las promoventes de la reforma, indicó que no proveer el servicio de interrupción del embarazo por parte de las instituciones públicas de salud, condena -según ella- a las mujeres a abortar en condiciones de inseguridad y de insalubridad, especialmente a aquellas que se encuentran en estado de marginalidad y no pueden acceder a servicios privados de asistencia médica.

Celebró el hecho de que, con la aprobación de esta reforma, se garantice la no discriminación, la gratuidad, la accesibilidad, aceptabilidad y la calidad del servicio en las instituciones de salud pública, así como acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para el aborto legal y seguro.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado, dijo que obligatoriamente las instituciones de salud en Oaxaca deberán proporcionar, servicios de orientación y asesoría, clara, oportuna y sin sesgos ideológicos o religiosos, sobre el procedimiento médico a través del cual se realizará la interrupción del embarazo.

Otra de las impulsoras, la diputada Eliza Zepeda Lagunas, indicó que, tratándose de personas menores de 12 años de edad, la solicitud de interrupción del embarazo deberá hacerse por su padre y/o su madre, o a falta de estos, de su tutor o persona responsable conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Explicó que las instituciones públicas de salud deberán brindar los servicios de interrupción del embarazo en un plazo no mayor a tres días naturales contados a partir de que fue realizada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables.

Zepeda Lagunas señaló que a partir de ahora se deberán atender las solicitudes de interrupción del embarazo a las mujeres solicitantes, aun cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado.

La reforma entrará en vigor una vez publicada en el Diario Oficial del Estado.

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