Iguala es uno de los municipios con mayores jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en todo México, mientras que Acapulco está entre los que tienen más fosas clandestinas; ahí desaparecieron Diana y Penelophe, a quienes sus madres buscan desde hace años a pesar de la violencia y, ahora, la pandemia de COVID-19

Por Scarlett Arias

Uno de los lemas de colectivos de búsqueda en México es: «Cuando una persona muere hay que dejarle ir;  pero cuando una persona es desaparecida hay que hacerle volver a la casa».

En el país hay 89 mil 488 víctimas de este delito, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, de 1964 al 30 de junio de 2021. Pero organizaciones civiles, instituciones académicas y colectivos han señalado un subregistro en la cifra oficial.

«Nuestro mayor deseo es encontrar a ese ser querido, a ese pedacito de nuestro corazón que nos fue arrebatado. Y quiero aclarar que el papel más importante en estas búsquedas ha sido de las mujeres, porque buscamos en vida, en fosas clandestinas, hemos aprendido a realizar procedimientos periciales, de investigación, activismo y constante presión ante las autoridades», dice en entrevista Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, integrado por unas 80 familias de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Del 8 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha participado en mil 758 jornadas en campo, en 28 entidades federativas y 268 municipios. La mayoría han sido en Guerrero, estado que registra 281 jornadas, con base en el Reporte Semestral (enero a junio del 2021) de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas.

Y si de municipios se trata, Iguala de la Independencia es el que registra 90 jornadas de búsqueda en campo, equivalentes a 5.12 por ciento. Ahí, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada; pero las mujeres también son blanco de este delito.

Dulce Janet Flores Flores es empleada en una cocina económica y madre buscadora. El 10 de agosto de 2020, cerca de las cinco y media de la tarde, su cuñada le dijo que unos hombres irrumpieron en casa de su vecino, en Iguala, donde estaba su hija, Diana Laura Rueda Flores, y se los llevaron a ambos.

En entrevista dice que no sabía qué hacer y que creía que la iban a llamar, «lo único que hice fue esperar». Horas y días después buscó a su hija en hospitales, por redes digitales y en el Ministerio Público (MP), donde se negaron a levantar un acta «por no tener datos suficientes de lo que había ocurrido», ya que la Dulce no estuvo presente al momento de la desaparición para poder rendir una declaración como testigo.

Dulce redactó una ficha de búsqueda con la foto de Diana y la publicó en Facebook. El día que se la llevaron vestía una blusa negra y un short azul marino de mezclilla; tenía 19 años. «Fue difícil dar ese paso porque todos se iban a enterar. A una le da miedo, mi temor por mi hija es que por esto le fueran a hacer daño», expresa.

La segunda vez que fue al MP, unos 17 días después, le tomaron la denuncia. Fue así como se abrió la carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado de Guerrero. En marzo de 2021, regresó para hacerse la prueba de ADN porque se había enterado de una casa en Puebla donde se localizaron víctimas de trata de personas, por lo que existía la probabilidad de que su hija Diana estuviera ahí; sin embargo, el organismo no le ha informado de los resultados. «Yo la voy a encontrar», asegura Dulce y también le pide a su hija que no tenga miedo.

La representante del Colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos, Sandra Luz Román Jaimes, comenta que según sus registros, existen en este municipio 12 mujeres desaparecidas de 2010 a 2021, de las cuales cuatro son menores de 18 años de edad.

«Esto sin contar las que no están registradas, de las que no se sabe, y de las que no ponen denuncia», señala en entrevista quien desde 2012 también es madre buscadora. El 24 de octubre de ese año su hija Ivette Melissa Flores Román fue desaparecida. 

Román Jaimes explica que las madres buscan a sus familiares ya sea solas o acompañadas de colectivos en los que se capacitan y se asesoran unas a las otras. También conforman organizaciones, realizan movilizaciones públicas, inciden en la legislación y trabajan con actores internacionales de derechos humanos.

Una década de búsqueda

El Reporte Semestral Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas incluye en un Anexo de los municipios en donde la Comisión Nacional de Búsqueda ha realizado acciones en campo. Acapulco no aparece a pesar de que, de acuerdo con el mismo documento, está entre los que tienen más fosas clandestinas, en total 77.

Bárbara Arredondo Saldaña llegó a Acapulco de Juárez cuando tenía 15 años. Ahí desaparecieron a su hija que en ese entonces tenía 31 años, Penelophe Reyes Arredondo, a quien busca desde la noche del 26 de octubre de 2011. 

Su nieto, hijo de Penelophe, que en ese momento tenía 3 años y también fue desaparecido, regresó 12 días después. Unas personas en un taxi Tsuru blanco lo dejaron en una esquina, al fondo del condominio donde Penelophe vivía.

Arredondo Saldaña interpuso una denuncia y una década después la carpeta de investigación sigue abierta y no hay más que un juicio de ausencia interpuesto en el juzgado Primero de Paz, Primera Instancia en Acapulco, promovido por ella el mismo año de la desaparición.

En agosto de este año nació la bisnieta de Bárbara. Le pusieron Penelophe, para que ella siguiera recordando a su hija desaparecida.

«Tengo mis días de alegría, de felicidad. Soy milagro, tras milagro», cuenta Bárbara en entrevista. En julio enfermó del riñón y a finales de ese mes también se contagió de COVID-19.

Colitis, trastornos de la presión arterial, dolores intensos de cabeza y espalda y envejecimiento prematuro son algunos de los padecimientos que desarrollan las mujeres en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, refiere el informe Nos llaman las locas de las palas, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh A.C.

«Todo lo que tienes que saber es que no te olvidé, soy tu amiga fiel», Bárbara tararea  «Tu amiga fiel», de Lucero. La canción le recuerda a Penelophe desde que era niña. «Tantas cosas que pasamos juntas y las que nos faltan», suspira.

A pesar de la tristeza por la desaparición de su hija, otra de las alegrías de Bárbara ocurrió cuando contó su historia para un proyecto sobre personas buscadoras en México de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

«Frente a autoridades que incurren en inacción o en incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, sanción, erradicación de desaparición de personas, Fundar realiza tres tipos de actividades», enumera en entrevista Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos y Lucha Contra la Autoridad de Fundar.

La primera es el acompañamiento y la visibilización de los colectivos. La segunda es la generación de propuestas de política pública que retomen la experiencia individual y las necesidades de los familiares de personas desaparecidas, en particular las madres buscadoras. Por último está la asesoría legal en procesos de denuncia a través de instancias internacionales o en casos particulares de funcionarios que hayan incurrido en algún tipo de violación a los derechos humanos.

Entre pandemia y violencia

El informe Nos llaman las locas de las palas de Centro Prodh menciona que las búsquedas ciudadanas son una expresión de protesta ante la inacción de las autoridades. Sin embargo, no en todos los contextos son posibles debido a la violencia.

«En el estado de Guerrero la violencia está en marcha, está viva; entonces, la actividad de las madres buscadoras tiene que desarrollarse en un contexto similar a lo que sería una guerra, en un territorio que está en disputa entre grupos de la propia delincuencia organizada o contra fuerzas del estado», lamenta Humberto Guerrero, de Fundar.

La violencia influye en las estrategias de las madres buscadoras y también en lo que pueden hacer las autoridades encargadas de la búsqueda. El especialista de Fundar añade otro factor que repercute en las posibilidades de localizar a las personas desaparecidas: la militarización desde las décadas de los sesenta y setenta.

«Si nosotros analizamos distintos casos que han llegado a instancias internacionales en contra del Estado mexicano por graves violaciones a derechos humanos, sean desapariciones forzadas, sean violaciones sexuales o torturas, varios de ellos han ocurrido en el estado Guerrero y en todos el actor principal ha sido el Ejército; y acompañado de eso vemos una fuerte resistencia a reconocerlo», menciona.

A la violencia y la militarización ahora se suma la contingencia sanitaria. «La pandemia por COVID-19, particularmente la ausencia de medidas urgentes de contención para enfrentar y prevenir sus efectos, refleja vulneraciones a los derechos de personas desaparecidas», dice el informe Efectos de la pandemia de COVID-19 en el disfrute de los Derechos Humanos de las y los familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida y la respuesta del Estado mexicano.

Hasta agosto, siete madres buscadoras habían muerto por COVID-19 en México; la última, falleció el viernes 27 de agosto en Chilpancingo, Guerrero. Se trata de la activista Guadalupe Rodríguez Narciso, quien dedicó los últimos siete años de su vida a la búsqueda de su hijo, confirma Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera.

«Obviamente todas las restricciones que entrañan las políticas de confinamiento o sana distancia son un límite operativo para salir al campo, para ocupar el espacio público, que es donde las madres buscadoras desarrollen su actividad, principalmente, ya sea a través de actividades de búsqueda en vida o de búsqueda de fosas o de fragmentos o de cuerpos», lamenta Humberto Guerrero.

La pandemia también trajo la sensación de que las autoridades la tomarán como pretexto para no buscar a las personas desaparecidas. La búsqueda ciudadana es arriesgar la propia vida, ya sea por los riesgos sanitarios o por aquellos que implica la violencia en territorio guerrerense.

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