EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna 

En México hay fechas emblemáticas, que se conmemoran con marchas, consignas y demás, en homenaje a víctimas de violencia, represión oficial o acciones en donde el Estado es calificado como responsable. Un ejemplo es el 2 de octubre, que rememora el asesinato de cientos de jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en 1968. Sin embargo, en Oaxaca, eje de la movilización perpetua, el martirologio nos ha acuñado otras más, que sirven como desfogue de pasiones, vandalismo y chantaje.

Así, ha devenido festín de golpes, catorrazos, pintas, agresiones y acciones fuera de la ley, el 14 de junio. Se conmemora el fallido desalojo de maestros y organizaciones sociales que se encontraban en el zócalo en 2006. Otra más. El repliegue de militantes de la tristemente célebre Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca -APPO- por parte de las Fuerzas Federales, el 2 de noviembre de dicho año, que fue calificada con eufemismo como “La Batalla de Todos Santos”.

Igual, hay nostálgicos que recuerdan el capítulo final de la guerra que emprendió la referida organización, luego del incendio de edificios públicos y casas particulares, el 25 de noviembre de ese año. No podía faltar, obviamente, la llamada represión de Nochixtlán, del 19 de junio de 2016, en donde hubo 8 fallecidos, elevados hoy a la categoría de mártires.

Y cada grupo u organización social, de las cerca de 400 que existen en el estado, perviviendo de la dádiva gubernamental, que hoy han enloquecido alargando la mano, han creado sus propios héroes. De esta suerte, el Frente Popular Revolucionario -el FPR-, CODEP, MULT, API, MULTI, CODECI, MAIZ, etc., utilizan los propios para recordarle al gobierno que tienen víctimas, por las que exigen justicia. Lo peor, es que éstas se han convertido en banderas perpetuas de chantaje y extorsión.

Cada aniversario luctuoso de algún miembro que falleció por homicidio u otras causas, es motivo de marchas o bloqueo a calles, avenidas u oficinas públicas, para presionar al gobierno a cumplir con demandas que nada tienen que ver con los mártires de su movimiento. Obvio: no son los Niños Héroes de Chapultepec ni aquellos a los que la Cuarta Transformación ha ofrecido disculpas.

Se trata de personas comunes y, no por ello, factores de escarnio público sino de respeto, pero de los cuales ningún ciudadano tiene que pagar los platos rotos. Se trata de un abierto atentado en contra de los derechos humanos del ciudadano común, pues en lugar de exigir la acción de las autoridades de justicia, se vuelcan a cobrar facturas sobre la ciudadanía inerme, en una acción cobarde y dolosa. En el fondo de todo subyace, la perversa tendencia hacia la victimización.

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