Foto: Twitter @alejandromurat
 Jaime Guerrero 

OAXACA, Oax. El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa emitió un veto de bolsillo a la reforma constitucional que realizó la 64 Legislatura, para eliminar omisiones de las y los diputados locales.|

Asimismo, para acotar facultades de la gobernadora o el gobernador en el proceso de designación de nuevas magistraturas del Tribunal Superior de Justicia.

Se califica como veto de bolsillo porque no se publica la reforma en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el periodo que marca la Constitución.

El artículo 53 de la Carta Magna de Oaxaca en su párrafo segundo establece que  “aprobado un proyecto de ley o decreto se remitirá al Ejecutivo, quien sino tuviera observaciones lo publicara inmediatamente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”.

Si las tuviere lo devolverá dentro de un periodo de 15 días, de no hacerlo procederá a la promulgación y publicación inmediatas.

El párrafo quinto establece que “los proyectos o decretos vetados por el gobernador serán devueltos con observaciones, para nuevamente ser discutidos por el Congreso, el cual tendrá hasta 15 días hábiles improrrogables para manifestar su aprobación o rechazo”.

En el caso de las reformas constitucionales, el gobernador del estado no está facultado a vetar reformas, de ello hay jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Solo incurre en la no publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, como una especie de veto de bolsillo.

En este sentido, la 64 Legislatura reformó la Constitución del Estado para eliminar las omisiones de las y los actuales diputados locales, acotando facultades de la gobernadora o gobernador en la designación de nuevas magistraturas.

Esto, tras la polémica que generó la omisión de la actual legislatura de procesar en tiempo y forma el pasado proceso de designación de dos nuevas magistraturas, que al final fueron definidas con base a las facultades constitucionales por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Por ello, la saliente legislatura reformó la Constitución para establecer candados.

En el dictamen de reforma a la Constitución al artículo 102 se estableció que “la elección de magistradas o magistrados se hará por el voto de las dos terceras partes de los diputados del Congreso que se hallen presentes, dentro del plazo improrrogable de veinte días naturales”.

Ese plazo de 20 días naturales, iniciará al día siguiente que sea recibida la terna, dicho plazo no se computará durante la diputación permanente, es decir en periodo de receso de la legislatura en turno.

Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de magistrada o magistrado la persona que, dentro de dicha terna, designe la gobernadora o gobernador del estado “con la ratificación del voto de las dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado que se hallen presentes, dentro del improrrogable plazo de quince días naturales”.

Ese fue acotamiento a facultades del gobernador, para que al final si pasará por el filtro del Congreso del Estado.

En caso de que el Congreso del Estado rechace la terna propuesta, el titular del ejecutivo enviará otra, de la lista elaborada por el Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, esa reforma constitucional fue truncada por el veto de bolsillo, se le califica así al no publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el periodo que marca la Constitución.

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